España pierde frente a Canadá su ocasión de ser sede del Convenio de Biodiversidad

En un año, España ha perdido dos oportunidades de protagonizar la política medioambiental a nivel internacional. Primero con la Agencia Europea de Medio Ambiente, que fue a parar a Copenhague, y ayer, en Yakarta, con la de Montreal como sede de la Secretaría del Convenio de Biodiversidad de la ONU, pese a los intentos del Gobierno español por que fuera Madrid. La decepción ha sido la pauta entre los grupos ecologistas, algunos de los cuales han calificado de "mediocre" el proyecto presentado por España para su candidatura.

José Borrell, Ministro de Obra públicas, Transportes y Medio Ambiente, y Cristina Narbona, Secretaria de Estado de Medio ambiente viajaron a Yakarta junto a otras 20 personas para participar en la reunión de los países firmantes del Convenio sobre Biodiversidad, pero han pospuesto para hoy cualquier declaración sobre la derrota de las aspiraciones españolas. Según una escueta nota del ministerio, hasta la tercera votación no sé logró la designación, de la ciudad canadiense.Junto con Madrid, aspiraban a albergar la sede definitiva del Convenio de Naciones Unidas sobre Biodiversidad Ginebra, Montreal y Nairobi. Ginebra contaba como baza principal dar cabida a la mayoría de los organismos del sistema de la ONU y que desde enero de 1993 contaba con la sede Provisional de este convenio. Nairobi esgrimía como principal argumento que ya es sede del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, principal brazo ejecutor del tratado de biodiversidad. Y Montreal exhibía sus cuidados documentos detallando su estrategia de conservación de la diversidad natural.

Desde que se fírmó el Convenio sobre Biodiversidad en junio de 1992, en la famosa Cumbre de Río, España aspiró a atraer la sede: la primera de la familia de la ONU que vendría a territorio español. En un principio, el Gobierno propuso Sevilla; pero luego, atendiendo las indicaciones técnicas que le hacían ver que en la capital andaluza apenas hay representaciones diplomáticas, se optó por ofrecer Madrid.

La propuesta de Madrid ofrecía un conjunto de oficinas totalmente amuebladas y equipadas de una extensión de 1.300 metros cuadrados localizadas en el Campo de las Naciones, junto al nuevo Palacio de Congresos. En la generosa oferta se incluían un millón de dólares anuales aportados por el Gobierno (aunque sin detallar cuántos años), estatus y trato de misión diplomática pata la secretaría, vivienda libre de cargas para el secretario ejecutivo del convenio, exención del pago de impuestos y gravámenes nacionales, regionales y municipales y, diez plazas de garage. En la oferta de Madrid se destacaba también que España es el país que cuenta con mayor diversidad biológica de la UE.

En la carrera por conseguir la sede pesaban más las ofertas de inmunidades diplomáticas, exenciones, fiscales y facilidades de todo tipo para los funcionarios internacionales y sus familias que el interés real por desarrollar el articulado del convenio: proteger la diversidad de especies de flora y fauna y los ecosistemas que forman, facilitar la transferencia tecnológica y el intercambio de experiencias entre países desarrollados y Tercer Mundo, ensayar nuevas fórmulas de conservación de la naturaleza y de conseguir un reparto mas equitativo de los beneficios derivados de patentes obtenidas de la diversidad biológica, minimizar los impactos de los organismos manipulados genéticamente.

Unánimes en la desilusión por el rechazo de la candidatura española, varias asociaciones y grupos ecologistas deploran la estrategia utilizada. "Comprendemos las razones de que no se haya concedido la sede a España que ha hecho esfuerzos por conseguirla en el terreno burocrático, pero no en política ambiental" dijo Theo Oberhuber, secretario general de la Coordinadora de organizaciones de Defensa Ambiental. Para la asociación Amigos de la Tierra, el trabajó español previo "ha sido bastante mediocre" y en las relaciones internacionales "se ha jugado un mal papel, sin asegurar el apoyo de todos los socio?.

La oferta canadiense incluía un espacio de 1.000 metros cuadrados en Montreal de alquiler gratuito durante cinco años, junto a la sede de la Organización de Aviación Civil Internacional de Naciones Unidas, negociaciones para facilitar muebles y equipamientos, y 200.000 dólares anuales.