La 'comisión GAL'

TANTO IZQUIERDA Unida como el PP han incluido el nombre de Felipe González en la lista de personas que debería convocar el Senado para que declaren ante la comisión de investigación sobre los GAL. Para que esa comparecencia se produzca será preciso, sin embargo, el acuerdo del PNV, que de momento no incluye a ningún político en su lista, aunque se reserva el derecho a llamar más adelante a todos los presidentes de Gobierno y ministros del Interior desde 1977 a la fecha. Ha sido precisamente el PNV el que ha planteado que la investigación abarque episodios de guerra sucia que pudieran considerarse antecedentes de los GAL. El PP no cita al general Galindo, argumentando que se trata de establecer responsabilidades políticas, es decir, de políticos y no de funcionarios, y sin embargo, incluye al general Sáenz de Santamaría, cuya comparencia es casi segura, porque también figura en las listas de PNV e IU.Ambas cuestiones, el ámbito temporal de la investigación y las personas que habrán de comparecer ante la comisión, han centrado el debate previo. El primer ministro del Interior de UCD Rodolfo Martín Villa, ha rechazado cualquier continuidad entre los atentados del Batallón Vasco Español (BVE) y demás grupos actuantes en su época y los GAL. Por una parte, asegura que cuando se produjo el relevo de 1982 hacía dos años que no se producía ningún atentado del BVE y compañía. Por otra, descarta cualquier paralelismo entre una banda presuntamente organizada y financiada desde el Ministerio del Interior, como los GAL, y los grupos de incontrolados, policiales o de extrema derecha, que actuaron a fines de los años setenta y primeros ochenta y cuyos principales objetivos eran, aparte de ETA, "Suárez y yo mismo", según recuerda el propio Martín Villa.

Lo primero no es del todo cierto. Entre Octubre de 1980 y el mismo mes de 1982 hubo "seis atentados reivindicados por el BVE, con seis muertos y varios heridos. En uno de ellos, el del bar Hendayais, los autores fueron liberados por la policía francesa tras una intervención del comisario Ballesteros. Según el libro sobre Amedo de los periodistas Melchor Miralles y Ricardo Arques -incluidos en la lista de comparecientes presentada por IU-, cuatro de esos atentados fueron organizados por Jean-Pierre Chérid, después activista de los GAL, que fallecería en marzo de 1984 al estallarle una bomba que intentaba colocar y principal sospechoso del asesinato, en diciembre de 1978, del dirigente etarra José Miguel Beñarán, Argala, que sigue siendo el episodio más oscuro de la guerra sucia en esos años.

Tiene razón Martín Villa, en cambio, al decir que no son lo mismo acciones de policías y ex policías incontrolados que una banda organizada desde el Ministerio del Interior. Pero justamente lo que una investigación política habría de dilucidar es si existe o no continuidad en tre una cosa y otra. Precisamente porque, como no deja de repetir el PP, la comisión de investigación solventa responsabilidades políticas, y no penales, habrán de ser tenidas en cuenta las circunstancias que pudieran invocarse como atenuantes, agravantes, eximentes, etcétera, desde el punto de vista político. Que existiera o no previamente una estructura de guerra sucia camuflada en el aparato del Estado puede ser penalmente indiferente, pero no lo es políticamente.

Por lo demás, si de responsabilidades políticas se trata, habrá que valorar el efecto real de las acciones de los GAL, así como lo que los diferentes partidos y otras personas con gran influencia en la opinión pública pensaban de la guerra sucia cuando dicho grupo comenzó a actuar. Damborenea, incluido al final en la lista del PP, es el único político que sigue reivinidicando -lo ha reiterado este fin de semana- la inevitabilidad del recurso a la guerra sucia en las circunstancias de entonces. Muchas otras personas piensan, por el contrario, que los GAL han contribuido decisivamente a deslegitimar al Estado democrático en la lucha contra los terroristas y, por ello, a prolongar la vida de ETA al menos en una generación. Sería interesante una valoración conjunta de esa cuestión por los partidos de la comisión.

En cuanto a si los aforados deben, o no ser llamados a declarar, lo peor habría sido involucrar al Supremo en la decisión mediante una consulta al juez Móner, como llegó a plantearse. Tendrá que ser la comisión la que asuma la responsabilidad de establecer los criterios que eviten cualquier interferencia. Algo difícil si el juez se viera en la tesitura de tener que llamar a declarar a personas aforadas tras difundirse sus declaraciones ante una instancia parcial por definición y sin las garantías propias del proceso penal. Tales comparecencias sólo tendrían sentido, por ello, si se producen con posterioridad a la eventual declaración judicial, y no antes.