La prórroga de los presupuestos estatales pone contra las cuerdas a los de la Comunidad

Los primeros Presupuestos de Alberto Ruiz-Gallardón están ya contra las cuerdas antes incluso de su aprobación, hoy, en un consejo extraordinario de su Gobierno. Antonio Beteta, consejero regional de Hacienda, planteará a sus compañeros de Ejecutivo la necesidad de subir algunas cifras que dependen de su Administración -canon del agua, tasas universitarias o precio del transporte-, "ante el escenario dramático" en que se ha situado la Comunidad de Madrid por la congelación de los ingresos que se recibirán del Estado ante la prórroga de los Presupuestos Generales.

El Estado, al prorrogar sus Presupuestos para 1996 con las mismas cantidades que fijó en 1995, no actualizará sus aportaciones al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, al Insalud, ni incluye la corresponsabilidad fiscal. Beteta calcula el perjuicio en 19.000 millones. Para contrarrestarlo, sólo existen dos posibilidades: recortar los gastos y subir las tasas.Beteta se entrevistó ayer con el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martínez Robles, y valoró su cordialidad, pero no obtuvo prácticamente ni una respuesta positiva a la decena de asuntos que le planteó. El consejero interpretó todas las negativas recibidas como un "órdago" del Gobierno central a los partidos que en el Congreso han rechazado los Presupuestos Generales, y por añadidura, a todas las autonomías gobernadas por esas formaciones.

El secretario de Estado admitió que con la prórroga de los Presupuestos Generales las comunidades tendrán, efectivamente, problemas económicos. "Lo que no se puede pretender por parte de esos partidos es devolver unos presupuestos donde estaban contempladas todas esas partidas y sus aumentos de financiación y que no pase nada. La situación no puede ser la misma", indicó Martínez Robles. Beteta entiende, sin embargo, que el Gobierno puede aumentar la financiación de las comunidades, pese a la prórroga de los Presupuestos, con la misma fórmula extraordinaria que ha utilizado para actualizar los sueldos de los funcionarios y de los pensionistas.

Martínez Robles devolvió a Beteta en forma de jarros de agua fría casi todos los planteamientos que éste puso ayer sobre la mesa. Menos uno: la Agencia Tributaria cederá durante unos meses su sede actual para que trabajen ahí los inspectores que a partir del 1 de noviembre gestionarán para la Comunidad la recaudación de los impuestos de sucesiones y de transmisiones patrimoniales.

El Ministerio de Hacienda, además, no reconoce a la Comunidad la cesión durante 1995 del 10% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Se quedará en el 5%, el menor de todas las autonomías pese a que Madrid es la región que más recauda. Durante 1996, lo máximo que se producirá será un reconocimiento de que existe derecho a ese porcentaje, pero éste tampoco se abonará, precisamente porque no hay nuevos presupuestos estatales. Consecuencia, la Comunidadj dejará de ingresar unos 4.000 millones.

El consejero comentó al secretario de Estado que con la entrada en vigor de la reducción de las tasas universitarias a las familias de tres hijos, la recaudación descenderá en 950 millones. Y pidió una competencia, que no fue atendida.

El consejero presentó a Martínez Robles dos proyectos a integrar en los fondos europeos de cohesión. Uno para el metro y otro para reforestación. Sólo el segundo tiene alguna posibilidad. Además, el Estado adeuda desde hace un año más de 19.000 millones al Gobierno regional. "Se intentará agilizar ese pago", dice el ministerio. Por si fuera poco, el Consejo Económico y Social, un órgano consultivo que analiza los presupuestos, no fue capaz de emitir un dictamen sobre ellos por la "falta de datos concretos" para consensuar una opinión entre patronal, sindicatos y expertos, los tres grupos que integran el Consejo.