Un etarra en Berlín
A QUIEN peor ha podido sentar la extravagante sentencia de una Audiencia de distrito de Berlín que niega la extradición de un miembro de ETA a España hasta tener garantías de que no será torturado por la policía española ha sido al Gobierno alemán y a su Embajada en Madrid. Ambos habían recomendado encarecidamente la rápida puesta a disposición de la policía española, de este supuesto terrorista detenido en suelo alemán. El presunto miembro del comando Barcelona de ETA Benjamín Ramos Vega debía estar cuanto antes en manos de la policía española, decían.Pero unos magistrados de Berlín, recurriendo a su muy legítima independencia, han aceptado los argumentos del recurso presentado por un grupo de simpatizantes del presunto terrorista -cuyos integrantes cabrían probablemente en la celda con el recluso preventivo- que exige garantías al Gobierno español de que el etarra "no será torturado, y sus derechos humanos, garantizados". Tan piadosa preocupación de los jueces berlineses es totalmente gratuita y, como reconoce alguna autoridad alemana, un insulto innecesario a España. Cabe esperar que habrá recurso y finalmente extradición.
En España existen hoy las mismas garantías que en Alemania de que el etarra será tratado de acuerdo con el derecho. Y nadie ha pedido garantías a la cárcel berlinesa de Moabit de que el trato al etarra sea al menos mejor que el que reciben los inmigrantes ilegales en comisarías alemanas antes de ser deportados. Que el etarra sea portador del virus del sida no cambia en absoluto la situación. Su tratamiento en España será tan bueno como en Alemania, y el hecho mismo no exime del cumplimiento de la pena -si así fuera, las cárceles españolas y alemanas estarían medio vacías- ni impide el traslado del preso. El espacio judicial europeo aún no está completo. Pero la lucha común contra el terrorismo internacional está ya definida -y mucho más en la UE-. Debe ser rápida y sin que la entorpezcan instancias de barrio con argumentos de grupúsculos marginales y radicales. Si cualquier denuncia genérica de cualquier grupo basta a cualquier juez para impedir una extradición, el espacio judicial europeo es papel mojado.
España tiene también aquí alguna cuenta pendiente. Horst Honsik, nazi confeso y supuesto terrorista, vive en Cataluña, pese a las solicitudes de extradición de Austria. Por eso conviene agilizar trámites, que Berlín entregue al terrorista español y España entregue a Víena al terrorista austriaco. Perseguir juntos a los terroristas es un deber y una necesidad para la autodefensa de las democracias.
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