El Senado rectifica un intento de incluir a los quiosqueros en el delito de prensa

, El texto aprobado por la Comisión de Justicia e Interior del Senado, que ampliaba la responsabilidad penal por el delito de prensa a quiosqueros y otros posibles encubridores o cómplices, no prosperó ayer en el pleno del Senado. Aunque el PP cuenta con 113 senadores y el PSOE sólo con 111, los socialistas convencieron al PNV y a Coalición Canaria para que le apoyaran y CiU -que en comisión había votado con el PP- se abstuvo, con lo que se eliminó e1 intento del Grupo Popular para extender las responsabilidades por delitos de prensa.La votación del pleno del Senado que definitivamente excluye del delito de prensa -el cometido "utilizando medios o, soportes de difusión mecánicos"- a los cómplices y a quienes lo favorecieran personal o realmente (antiguos encubridores) fue de 120 votos a favor (PSOE, PNV y CC), 115 en contra (PP y Grupo Mixto) y 13 abstenciones (CiU). Los socialistas consideraban un grave riesgo para la libertad de información la posibilidad de encausar en un delito de injurias o calumnias a los operarios del taller donde se edita un periódico o al quiosquero que lo vende.

En el salón de plenos no se escuchó el argumento dado en los pasillos, donde se dijo que no debía importar implicar en un delito de prensa "a un linotipista de Egin". El senador popular Alfredo Prada defendió que los medios de comunicación se rijan por las normas comunes sobre responsabilidad criminal y se opuso al "régimen específico" para delitos de prensa. Aludió a "las prisas" con que se está elaborando el Código Penal y recordó la mayoría de su grupo en la cámara.

El socialista Joaquín Galán invocó varias sentencias del Tribunal Supremo, según las cuales la aplicación de las normas generales de responsabilidad implicaría a "multitudes de personas" que elaboran el producto informativo o lo difunden, lo cual "significaría", dijo, "un gravísimo obstáculo para el desarrollo de la libertad de información". Recordó que, desde 1870, el Código Penal limita la responsabilidad de los delitos de prensa a sus auténticos autores.