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La legislación española de seguridad privada vulnera las normas de la UE

, La Comisión Europea considera que la ley sobre seguridad privada vigente en nuestro país -que exige la nacionalidad española como requisito imprescindible para acceder a profesiones como vigilante jurado, escolta o detective privado- vulnera la normativa comunitaria. De acuerdo con el principio de libre circulación de trabajadores, los ciudadanos comunitarios residentes en España tienen derecho, según la CE, a acceder a las profesiones relacionadas con la seguridad privada en las mismas condiciones que los españoles, por lo que ha iniciado un procedimiento de infracción contra el Estado español.

La actuación de la CE tiene su origen en una queja presentada hace un año por el ciudadano británico Jonathan Andrew Knowles, de 31 años. Desde principios de 1993, este británico residente en Barcelona desde hace casi tres años está tratando infructuosamente de obtener la habilitación oficial para trabajar como vigilante de seguridad. El Ministerio de Interior no le permitió siquiera presentar la correspondiente instancia, con el argumento de que el artículo 10 la Seguridad Privada, de 30 ley de de julio de 1992, excluye a los extranjeros.

Fue entonces cuando, asesorado por el eurodiputado español Antoni Gutiérrez Díaz (Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya), decidió presentar una queja ante el Parlamento Europeo. La CE ha enviado a las autoridades españolas una carta en la que las emplaza a dar explicaciones sobre las disposiciones presuntamente discriminatorias en materia de seguridad privada, sin que de momento haya obtenido respuesta.

Tampoco en los bomberos

Se da la circunstancia de que Knowles, que trabaja como encargado en el puerto de Barcelona, intentó luego acceder al cuerpo de bomberos de la Generalitat, pero la legislación catalana también exige la nacionalidad española para acceder al cuerpo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 23 de octubre de 1995

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