Voto y disciplina

EL PORTAVOZ del PP, Rodrigo Rato, reiteró ayer su rechazo a que se constituya una comisión de investigación sobre el cuartel de Intxaurrondo, horas después de haber votado en favor de la de los GAL. Su argumento es que las comisiones parlamentarias investigan eventuales responsabilidades políticas de cargos públicos o dirigentes políticos, no actuaciones de funcionarios o departamentos administrativos. Pero precisamente ahí reside la diferencia entre el caso GAL en su estado actual y otros que dieron lugar a comisiones de investigación en el pasado: que en el de los GAL las personas y las conductas investigadas por la vía penal y las investigables por el Parlamento coinciden.No se trata ahora de determinar si un ministro o el dirigente de un partido tuvo responsabilidades políticas en presuntos fraudes o abusos de sus subordinados: Solchaga en relación a Rubio, Asunción respecto a Roldán o Aznar a Pérez Villar. Las personas cuya conducta investiga el Tribunal Supremo en relación al caso GAL son el presidente del Gobierno, dos ex ministros y un dirigente socialista: los mismos sujetos y las mismas conductas sobre las que indagará la comisión. De ahí el riesgo evidente de interferencias.

Lo deseable habría sido que se articulase un amplio consenso contrario a la comisión en estas condiciones; pero tal como la cosa se ha planteado y resuelto en la práctica, por un voto de diferencia, casi es preferible que haya vencido el sí. En caso contrario habría sido difícil evitar que quedase para siempre la impresión de que por un solitario voto, inevitablemente sometido a sospecha, se había impedido esclarecer el caso GAL. Ahora corresponde a la mayoría de la comisión articulada en torno al PP -y que necesitará mantener todos sus efectivos para que prosperen sus iniciativas- buscar un consenso más amplio en su seno. Tendría así ocasión el PP de desautorizar a cuantos piensan que sus móviles no han sido los proclamados, sino otros relacionados con el espectáculo en general y con el acoso personal a González en particular.

Los síntomas previos no son muy, esperanzadores. El Senado decidió que la votación decisiva fuera secreta. Los senadores del PP, como habían anunciado, la convirtieron en pública al hacer ostentación de su voto. A la puerilidad de los motivos aducidos la víspera se añadió la ruptura de uno de los componentes de la democracia parlamentaria: su ritualización. Si se decide que una votación sea secreta, debe serlo; y no lo es si un grupo muestra su voto.

Es cierto que el recurso al voto secreto debe utilizarse con cautela; lo normal es que la votación sea pública, de manera que el representado pueda conocer el uso que el parlamentario ha hecho de los poderes en él delegados. Si, con todo, los reglamentos de todos los parlamentos prevén la posibilidad de votación secreta es para evitar cualquier forma de coacción, incluida la del propio grupo, cuando la cuestión sometida a escrutinio afecta a convicciones íntimas o bien se trata de elegir personas o de juzgar la conducta de miembros de la Cámara. En estos casos es habitual que el voto sea secreto. Y la invocación de la disciplina de grupo es débil argumento frente a la expresa prohibición constitucional del mandato imperativo; especialmente en el Senado, Cámaira en la que se da a los ciudadanos la oportunidad de componer su propia lista con candidatos de diferentes partidos, a fin de subrayar ese componente de personalización del mandato.