Londres niega la ayuda social a un italiano y un español vagabundos infectados de sida

La política emprendida por el Gobierno conservador británico de recortar las ayudas sociales a los ciudadanos de la Unión Europea recibió ayer un importante espaldarazo de la justicia. El juez Roger Henderson declaró legal la decisión del Ayuntamiento de Westminster de negar alojamiento gratuito a dos extranjeros infectados de sida por entender que no eran residentes en el Reino Unido, pese a llevar más de dos años viviendo en el país.

La negativa municipal a aplicar con ambos emigrantes -un italiano y un español- la Ley de Alojamiento de 1985 había sido recurrida por ambos, con el apoyo de organizaciones que defienden los derechos de los enfermos de sida. La respuesta del juez Henderson, sin embargo, ha sido lo bastante contundente como para sentar un precedente sobre este tipo de casos.Según Henderson, "los ciudadanos de la Unión Europea con escasas perspectivas de encontrar trabajo y todas las probabilidades de convertirse en una carga para el Estado, deben volver a sus países". El juez considera especialmente justificada la repatriación en el caso de individuos "con mala salud y limitadas habilidades lingüísticas" en el uso del inglés, se entiende.

El caso se remonta a la primavera pasada cuando el Ayuntamiento de Westminster negó alojamiento gratuito a dos ciudadanos de la Unión Europea que carecían de trabajo. El italiano Gaudenzio Castelli, de 35 años y el español José Tristán García, de 32, ambos infectados con el virus del sida, habían entrado legalmente en el Reino Unido hace un par de años y obtenido tan sólo esporádicos empleos.

Su causa fue apoyada inmediatamente por la Fundación Terence Higgins, una organización de caridad que vela por los enfermos de sida y que ha corrido con los gastos del juicio. Nick Partridge, director ejecutivo de la organización, se mostraba ayer desolado por una decisión judicial contra la que ambos afectados piensan apelar. "Es una desgracia que un hombre con su vida amenazada por una enfermedad haya sido expulsado del hospital sin otra perspectiva que vivir en la calle", declaró Partridge.

Tristán García, natural de Almería, encontró trabajo, sin embargo, poco después de producirse el fallo del Ayuntamiento de Westminster que se ha mostrado ahora dispuesto a reconsiderar su caso.

Los costes astronómicos de la Seguridad Social británica han llevado al Gobierno tory a iniciar una política de recorte de subsidios a los ciudadanos de la UE que llegan al país en busca de trabajo. De acuerdo con las autoridades competentes, muchos de sus vecinos continentales utilizan de forma fraudulenta los beneficios del Estado de bienestar.