Los asalariados del campo y la sequía

Cuando se analiza y afronta la terrible sequía que azota a nuestro país existe una clara tendencia a olvidar los dramáticos efectos que la misma está teniendo sobre los trabajadores asalariados del campo, que se traduce en la pérdida de millones de jornales y supone un duro golpe a la renta familiar de 500.000 hogares.Reflejo de ello, la inmensa mayoría de las medidas que se adoptan desde las distintas Administraciones que están dirigidas a paliar los efectos de la misma sobre los propietarios o empresarios agrícolas.

Precisamente por ello los sindicatos nos hemos visto obligados a realizar un calendario de movilizaciones, cuya primera, fase se desarrolló durante el mes de julio y ha tenido su continuación en septiembre, con un encierro de 300 trabajadores del campo en la Dirección General del Inem en demanda de medidas específicas dirigidas al colectivo más débil y sin lugar a dudas más afectado. Era necesario remover la conciencia del Gobierno central y de los Gobiernos autonómicos y sensibilizarlos ante la situación de más de 500.000 familias. Políticamente es insostenible y profundamente insolidario adoptar medidas para los propietarios, medidas que los sindicatos apoyamos, y no para los asalariados.

En 1995 se perderán en nuestro país, como consecuencia de la sequía, en tomo a 15 millones de jornales. Sólo en la próxima campaña de recogida de la aceituna se perderán más de seis millones y la economía de toda una provincia especialmente deprimida como Jaén, y una decena de comarcas olivareras que prácticamente dependen del monocultivo del olivar, se verá convulsionada. La situación es tan dramática que muchos olivo, centenarios y resistentes como la encina, muy probablemente no aguantarán y terminarán por secarse.

Entre el 60% y el 70% del empleo que genera un cultivo tan social como el viñedo, del que dependen provincias enteras y más de una decena de comarcas vitivinícolas, se ha perdido; y lo que es peor, muchos miles de hectáreas (200.000 según los expertos) se han secado o lo harán en los próximos meses trasladando el problema a los años venideros.

Son dos ejemplos de la dramática situación que ha llevado a los sindicatos FTT-UGT y CC 00 del campo a demandar al Gobierno la adopción de medidas excepcionales de carácter coyuntural, muy sensatas, razonables y prudentes, e incluso alguna de ellas comprometida en parte por el Gobierno en los acuerdos de octubre de 1994, pero también de otras de carácter estructural.

Entre las de carácter coyuntural yo destacaría cinco:

1. Que con carácter excepcional y extraordinario y con cargo al Presupuesto de 1995 se incrementen en al menos 5.000 millones los fondos destinados al PER y al Plan de Empleo de Zonas Rurales Deprimidas (ZRD). Igualmente, demandamos a los Gobiernos de las comunidades autónomas afectadas que aporten fondos complementarios en proporción a la magnitud del problema. Dichos fondos irían dirigidos a crear empleo.

2. Condonación o compensación del 50% de la cuota fija de la Seguridad Social de los trabajadores eventuales agrarios, correspondiente al periodo julio de 1995 a junio de 1996, de las comunidades autónomas afectadas por la sequía.

3. Reorientar parte de los fondos estructurales de la Unión Europea (UE) y de las distintas Administraciones públicas españolas a proyectos de reforestación, limpieza de montes, silvicultura y acciones preventivas contra incendios forestales.

4. Negociar con los sindicatos los presupuestos ordinarios del PER y del Plan de ZRD para 1996, teniendo en cuenta que la situación de la sequía no sólo no ha remitido sino que amenaza con agravarse.

5. Aprobación, de un plan de choque para Jaén con participación de las Administraciones europeas, nacionales, autonómicas y provinciales, debido al especial dramatismo que la situación tiene en esa provincia.

Varias son las que tienen carácter estructural:

1. Institucionalizar la mesa. nacional de la sequía con representación de los sindicatos representativos de los trabajadores asalariados del campo.

2. Equiparar los requisitos de acceso al desempleo contributivo de los trabajadores fijos y fijos discontinuos de la agricultura, que a su vez son titulares de una pequeña explotación agraria, con los establecidos para los trabajadores del régimen general.

3. Aprobación urgente del Plan Hidrológico Nacional.

Los partidos políticos tienen que ser capaces de alcanzar el mínimo consenso político que permita poner en marcha este instrumento fundamental de solidaridad entre regiones. Llevan razón los que afirman que el Plan Hidrológico no puede consistir solamente en el trasvase Tajo-Segura, que la solidaridad entre regiones no se puede limitar al agua o que el problema del agua no se puede encarar sólo desde una perspectiva economicista o de rentabilidad, pero ellos también deberían preguntarse, ¿qué clase de pueblo seríamos si no fuéramos capaces (le ser solidarios con algo tan elemental y de primera necesidad, pero a la vez tan importante, como el agua? ¿No sería un poco vergonzoso que a las puertas del siglo XXI, y cuando se trasvasa el gas de Argelia o el petróleo desde miles de kilómetros, en España no fuéramos capaces de trasvasar el agua sobrante del Duero o del Ebro hacia las regiones deficitarias o secas? El agua tiene que dejar de ser un instrumento de confrontación política para que deje de ser motivo de enfrentamiento entre regiones, pueblos o personas de un país que suele ser bastante solidario.

4. Creación de un Fondo Europeo de Compensación para atender desastres climatológicos como la sequía.

Esta excelente propuesta del Gobierno español, a la que nos sumamos con entusiasmo los sindicatos, y que finalmente no ha sido aprobada en la Cumbre Europea de Ministros de Agricultura celebrada en Burgos los días 17, 18 y 19 de septiembre, debería ponerse en marcha de forma urgente, si es necesario aceptando el principio de subsidiariedad, y tendría que tener el carácter de especial y permanente. El mismo tiene que ir dirigido a paliar los efectos de la sequía u otras catástrofes naturales en los propietarios o empresarios agrícolas y en los trabajadores asalariados en forma de planes de empleo dirigidos a los eventuales agrarios. Ni la UE ni el Ministerio de Agricultura pueden seguir ignorando que en España existen más de 700.000 asalariados. La decisión de la Cumbre de Burgos de reorientar parte de los fondos estructurales hasta 1999, en concreto 48.000 millones para toda la UE, a prevención de los riesgos climatológicos supone solamente un primer paso, a todas luces insuficiente, dada la virulencia con que el problema se manifiesta en España y los más de 100. 000 millones que la UE ahorrará durante 1995 en pago de subvenciones. Dicho fondo tiene que tener por objeto reparar en parte la pérdida de rentas en los propietarios y en los asalariados del campo.

En mi opinión, el objetivo fundamental de la concienciación y sensibilización de los distintos Gobiernos lo estamos consiguiendo, y prueba de ello son los 5.000 millones de pesetas de inversiones extraordinarias que el Gobierno central va a aportar durante el último trimestre de 1995 exclusivamente dirigidos a la generación de empleo, no a subsidios, para el colectivo de eventuales agrarios a través del PER y del Plan de ZRD y los más de 3.000 millones de pesetas que las comunidades. autónomas de Andalucía (2.000), Extremadura (800) y Murcia (300) aportarán en el último trimestre de 1995 para complementar los del Ministerio de Trabajo, todo ello fruto de, la negociación abierta con los sindicatos en los distintos niveles.

Estas inversiones extraordinarias suponen, por tanto, un importante grado de sensibilidad y compromiso de estos Gobiernos con el colectivo más castigado y afectado por la sequía que espero tenga su continuidad en 1996.

Espero igualmente que los Gobiernos autónomos de Valencia, Castilla-La Mancha y Castilla y León se impliquen en la solución del problema de forma proporcional a la magnitud que el mismo tiene en cada una de ellas.

La creación y orientación del Fondo de Compensación, la dotación presupuestaria del PER y el Plan de ZRD para 1996 y el desarrollo del resto de temas pendientes de negociación entre el Gobierno y los sindicatos, en el marco de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos, determinarán el comportamiento sindical en el futuro inmediato.