Asumir la responsabilidad
Con el título de La santa indignación, Francisco Rubio Llorente publicó en EL PAÍS del pasado 15 de septiembre un artículo en el que, si yo he entendido bien, llamaba la atención acerca de los extremos difícilmente discutibles. Primero, es legítimo pedir la dimisión del Gobierno o la disolución de las Cortes por razones políticas; pero no lo es cuando las razones aducidas, como ocurre a menudo en los últimos tiempos, tienen que ver tan sólo con actuaciones judiciales en curso. Rubio Llorente recuerda, una vez más, la elemental distinción entre responsabilidad penal y responsabilidad política, que tanto está costando aprender a los españoles. Segundo, parece un ejercicio de hipocresía colectiva rasgarse las vestiduras ante la explosión del caso GAL, cuando tanta gente -aunque, tal vez, menos de la que el autor supone- volvió púdicamente la mirada hacia otra parte en la primera mitad de los años ochenta y en muchos casos, si guió votando al PSOE.Hasta tal punto estoy de acuerdo con estos dos argumentos de Rubio Llorente que me permitiré hacer una pequeña reflexión personal en esa misma línea. Llevo seis años viviendo en Italia y he visto, desde sus comienzos, todo el desarrollo de la operación Mani Pulite y la crisis de la República nacida en 1947. Al menos una cosa he aprendido de esta experiencia: no sirve absolutamente de nada deshacerse de toda una clase política si los ciudadanos no están dispuestos al mismo tiempo a reconocer que algo han tenido que ver ellos mismos con el deterioro del sistema político. La catarsis, que quizá purifique los espíritus, es inutil en la vida política. Un ciudadano libre. y consciente debe exigir que los políticos. asuman sus responsabilidades; pero debe estar asimismo dispuesto a asumir su propia responsabilidad, al menos como elector, en el acontecer político.
Dicho todo lo anterior, creo que el artículo de Rubio Llorente -como he tenido la ocasión de decir amigablemente al propio autor- puede provocar confusión; y ello no tanto por lo que dice cuanto por lo que no dice. Aunque no es de secundaria importancia, pasaré por alto un aspecto de la cuestión: una cosa es sospechar y otra es saber que una parte del aparato del Estado estuvo detrás de la guerra sucia contra el terrorismo. Lo que de verdad me interesa subrayar es que, cualquiera que fuera la actitud de cada uno en aquellos años, la reacción posterior del Gobierno y en particular, la de su presidente frente a las recientes revelaciones judiciales resultan políticamente inaceptables.
A estas alturas nadie pone seriamente en duda que una parte de los servicios de seguridad del Estado participó en las operaciones de los GAL; y, por si fuera poco, tampoco es cuestionable que esa participación ni siquiera respondió a ciertos criterios mínimos de "profesionalidad". La consecuencia es que la superioridad moral y la fortaleza del Estado democrático de derecho han quedado en entredicho. Así las cosas, muchos ciudadanos, de diferentes simpatías ideológicas e inclinaciones electorales diversas, simplemente preguntan qué ha pasado. Es aquí donde la reacción del Gobierno y de su presidente ha sido escurridiza, ambigua y escasamente gallarda. En esta situación de difusa inquietud, Felipe González no ha dado aún a los ciudadanos una explicación directa y clara de lo que conoce y de lo que ignora.
Es cierto, como indica Rubio Llorente, que sobre el presidente del Gobierno no pesa un deber constitucional de disolver las cámaras, y es también cierto que nuestro Parlamento adolece de serios defectos a la hora de ejercer su función de control sobre el Gobierno. Nadie puede forzar al presidente del Gobierno, a presentar una cuestión de confianza, ni siquiera a informar en el Parlamento de lo sucedido. Ahora bien, Felipe González ha manifestado en más de una ocasión que asume la responsabilidad política de cuanto ha hecho su Gobierno. Se trata de una responsabilidad "asumida no "exigida". Si esta manifestación tiene algún valor más allá del meramente retórico, hay que entenderla en su significado elemental. "Responder" es, ante todo, dar una respuesta, aclarar un interrogante; precisamente lo que el presidente del Gobierno se ha negado repetidamente a hacer.
Tal vez él piense que asumir su responsabilidad consiste sólo en esperar el resultado de las próximas elecciones, cuando quiera que éstas se celebren. Pero eso no es asumir nada, sino simplemente cumplir con un deber objetivo e ineludible en cualquier democracia. En la medida en que el presidente del Gobierno no ha hecho honor a la responsabilidad por él "asumida", creo que los ciudadanos tienen derecho a "exigirle" responsabilidad política; lo que, en lenguaje común, significa sencillamente que, si no está dispuesto a hablar, la única salida aceptable es dimitir.
