Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Editorial:

Creer o no creer

AL GOBIERNO se le puede creer o no creer; lo que no es lógico es decir que su versión es falsa y a la vez reprocharle la responsabilidad que se deriva de ella. No se puede poner en duda que el Gobierno hubiera ignorado hasta comienzos de 1995 el robo de documentos ocurrido cuatro años antes en el Cesid y al mismo tiempo reprocharle su desidia. Esa hipótesis, la de que realmente el Gobierno no supo nada, es la que Ie deja en peor lugar. De ahí su verosimilitud: no parece lógico pensar que vaya a inventarse la versión que más le pueda perjudicar. Así, al reproche por la incapacidad, para evitar la sustracción de la documentación del Cesid habría que añadir el de la tardanza en percatarse de la misma, cuando sostiene que se trata de informes que comprometen la seguridad del Estado. Es ya tamaña esta responsabilidad, que no requiere por añadidura la de faltar a la verdad. A raíz de las dudas sobre la utilidad real del Cesid suscitadas por la filtración de algunas de sus escuchas, se argumentó que ningún país moderno podría subsistir sin un servicio secreto eficaz. Iba en ello, se dijo, la seguridad del Estado, cuya debilidad buscaban los terroristas y otros sectores hostiles a la misma que actúan con métodos cada vez más avanzados. Pero admitir su importancia es reconocer la necesidad de un control eficaz del servicio secreto por parte del Gobierno. Lo contrario sería dejar la seguridad del Estado en manos de personas capaces de condicionarlo desde su propia opacidad. Ese control falló estrepitosamente en el caso del Cesid, y ahí hay una evidente responsabilidad del Gobierno, asumida con las dimisiones de Serra y García Vargas.

Que existan esas responsabilidades no resta un ápice de culpa a quienes sustrajeron el material secreto y a quienes comercian con él. Aunque con matices diferentes, los asistentes a la reunión de la Comisión de Secretos Oficiales han opinado que Ia difusión del material supuestamente sustraído por el coronel Perote afectaría a la seguridad del Estado y no sólo a la del Gobierno. Ello deja más en evidencia a quienes tratan de exculpar a Perote o de restar importancia a la relación entre éste y Mario Conde, y de ambos con las filtraciones.

Otra cosa es que los materiales sustraídos justifiquen o no el intento recuperarlos mediante contactos del Gobierno con la parte supuestamente extorsionadora. La portavoz de Izquierda Unida piensa que no. El testimonio de Rosa Aguilar tiene a favor el hecho de provenir de una de las seis personas que conocieron de primera mano las explicaciones del ministro de Defensa. Pero tiene en contra el que su partido ya adelantó, antes de conocer tales explicaciones, que las mismas no aclararían nada. Otros portavoces se mostraron más cautos, aunque ninguno defendió que el asunto justificase la aceptación por parte del presidente del Gobierno de una entrevista con el abogado de Mario Conde. Sobre esto tendrá ocasión de explicarse hoy Felipe González en la sesión de control parlamentario, y mañana, en el Pleno si, como sería deseable, interviene en el mismo. Exculpar a Manglano, como hizo ayer, con el argumento de que ha prestado grandes servicios a la democracia es otorgarle una bula injustificable. Los aciertos en el desmantelamiento de las tramas golpistas no amparan cualquier actuación irresponsable. Como es el haber ocultado durante cuatro años que su jefe operativo había sustraído miles de documentos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de octubre de 1995