Abogados capaces
LA ABOGACÍA española desea homologarse con la del resto de los países de la Unión Europea y se encuentra empeñada en la reforma del sistema de acceso al ejercicio profesional, para adecuarlo al que rige en toda Europa. Esta medida, que ha sido uno de los objetivos centrales del VI Congreso de la Abogacía Española, celebrado la semana pasada, en La Coruña, está llamada a producir efectos saludables sobre la práctica forense, a la que se incorporan cada año miles de jóvenes, con más buena fe que profesionalidad, procedentes de unas facultades de Derecho masificadas y desprovistas -como toda la Universidad- de suficiente formación práctica.Quienes padecen las consecuencias de esa impericia son, por lo general, los numerosos ciudadanos que necesitan de los servicios de un letrado y que carecen de información para identificar a los más capaces. Desde este punto de vista, es socialmente positiva la propuesta, aprobada masivamente en el congreso de abogados de La Coruña, encaminada a lograr que cese la actual colegiación automática de los licenciados en derecho y a que sea preceptivo para ello superar una prueba de capacitación profesional tras dos años de pasantes en un despacho o de formación en una Escuela de Práctica Jurídica.
Acaso se la pueda tildar de excesivamente drástica, tras tantos años de inhibición, o se la acuse de estar motivada, más que por la voluntad de mejora del servicio que se presta a la sociedad, por el deseo de los abogados instalados de evitar la competencia de los jóvenes. Por eso será oportuno que, como ya anunció en La Coruña el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, la regulación del acceso al ejercicio de la abogacía se realice "con prudencia" y tras consultar con todos los sectores afectados, especialmente con los estudiantes de derecho: su horizonte de desempleo no se puede ampliar sin que sepan con antelación -antes de iniciar la carrera- que deberán superar ese obstáculo adicional.
Sorprende, en todo caso, que, dentro de su proclamada pretensión de mejorar la asistencia letrada, el congreso de la abogacía, ocupado en regular el acceso al ejercicio profesional, la financiación de los colegios, la publicidad de los letrados y el turno de oficio -incluida la original propuesta de excluir de la justicia gratuita plena a quienes superen el salario mínimo-, no haya dedicado siquiera una ponencia al problema de los abogados marrulleros.
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Eugeni Gay, fustigó en su discurso de apertura los procedimientos de defensa fundados en el engaño, la corrupción, la intriga, la desvelación del secreto debido... Si se trata de algo más que palabras que se llevará el viento, es de esperar que el Consejo tome en consideración la reciente denuncia de un grupo de letrados contra las prácticas de algunos colegiados que habrían vulnerado presuntamente las normas de deontología profesional al presionar al Gobierno con el fin de obtener ventaja para sus clientes.
Los males de la abogacía no sólo provienen de la inexpenencia de los abogados noveles, sino, en muy buena parte, de las habilidades de algunos letrados demasiado experimentados. Si justo es mejorar el sistema de acceso al ejercicio de la abogacía, más lo será vigilar con cuidado que no se degrade y tener engrasados los mecanismos necesarios para excluir del mismo, si es necesario, a quienes no sean dignos de la confianza depositada en ellos por la sociedad, al permitirles calzar la toga.
