¿A qué espera el fiscal general?

SEGÚN FELIPE González, existe una conspiración política contra el Gobierno. Que la oposición, incluyendo medios de comunicación o particulares, conspire contra el Gobierno es normal en un régimen político basado en la confrontación de ideas y proyectos, siempre que se haga de manera pacífica y respetando las reglas de juego democráticas. Pero un chantaje, contra el Gobierno o contra el Estado, es otra cosa. Es un delito tipificado bajo la figura de amenazas o coacción. González ha afirmado que si el Gobierno no ha denunciado a los presuntos chantajistas ante los tribunales es porque carece de pruebas. Es posible que sean difíciles de establecer, pero es seguro que la Fiscalía General del Estado debería estar ya buscándolas, investigando un asunto del que se afirma que compromete la seguridad nacional. El ministro de Justicia debería haber instado su actuación hace ya muchos meses, aunque en este caso parece haber prevalecido su condición de ministro de Interior.Dice el fiscal que las noticias son "vagas e imprecisas". Se han publicado nombres de asistentes a las reuniones, fechas, lugares, temas tratados, listas de dossiers y reproducido incluso documentos robados al Cesid. Pocas veces tienen los jueces y fiscales tantos elementos para abrir una investigación. Se sabe que documentos sensibles fueron robados. a los servicios de información militares y que están siendo esgrimidos como instrumento de presión para, obtener ventajas -ilegales- en favor de personas con nombre y apellido. La investigación deberá dilucidar la eventual relación entre una cosa y otra. Más concretamente: entre el coronel Perote y Mario Conde, y de ambos con el supuesto intento de chantaje. Es lo que con algún retraso hizo ayer el fiscal militar al solicitar del juez togado que cite a declarar de inmediato al coronel Perote. Aunque un eventual chantaje al Estado no es en ningún caso competencia de la jurisdicción castrense, sino de la justicia ordinaria.

La pasividad ante algo tan grave alienta la percepción de impunidad con que se mueven ciertos personajes. Ayer se supo que otro financiero con cuentas pendientes con la justicia, Javier de la lkosa, había intentado presionar a Jordi Pujol con informaciones en su poder sobre instituciones y personalidades del Estado. Y José María Ruiz-Mateos, que hace un par de meses anunció la creación de un Centro de Investigación de Escándalos (CIE), acaba de difundir unas conversaciones privadas del alcalde de Madrid. Que estos presuntos delincuentes sean capaces de poner en jaque a las instituciones en aras de sus intereses particulares es más de lo que puede razonablemente tolerarse. Que se haga además con la pretensión de estar rindiendo servicios a la causa de la moralidad pública es, por más que no falten medios de comunicación dispuestos a avalar esa teoría, un ejemplo insuperable de hipocresía.

Ello es así incluso si las personas que encaman las instituciones sometidas a coacción son, por sus culpas, susceptibles de ser chantajeadas. Los errores y culpas del Gobierno son abundantes. Por todos ellos se someterá al juicio de las urnas, y por algunos, también al de los tribunales. Algunos líderes de la oposición han aventurado que en este largo itinerario de contactos con los presuntos chantajistas ha podido haber concesiones espurias por parte del Gobierno. Investíguelo también el fiscal si hay indicios de ello. El principio de legalidad obliga a todos. Pero es inadmisible en una sociedad democrática, sujeta al principio de legalidad y con instrumentos reglados para dirimir sus conflictos y exigir responsabilidades, que los errores y aun las culpas del Gobierno puedan ser utilizados por delincuentes presuntos o confesos para chantajearle en un intento de cambiar las reglas de juego en provecho propio. Y que esas mismas personas u otras asociadas para la ocasión traten de determinar el curso de la vida política por procedimientos diferentes a los establecidos en la Constitución.

Tras las revelaciones de estos días, algunos sectores lamentablemente, también algunos responsables políticos- han pretendido dar la vuelta a la realidad y poner el acento exclusivamente en la receptividad mostrada por el Gobierno ante los chantajistas. Que González recibiera al abogado de (Conde y Perote es sin duda un error, pero desafila al sentido común el intento de poner en el mismo plano esa torpeza con la pretensión de los chantajistas de que se cambiase desde el poder ejecutivo al juez del caso Conde y se compensase a éste de los perjuicios derivados de la intervención de Banesto.

Aquí lo que hay es la confluencia entre los intereses privados de un presunto estafador dispuesto a poner en grave riesgo al Estado para salvarse él y los intereses de personas dispuestas a todo, incluso a hacer de terminales de Conde, para derribar a González. Por eso resulta de un cinismo supremo que los mismos que han colaborado en el chantaje proclamen que éste demuestra la debilidad del Gobierno, y añadan que nada habría ocurrido si González hubiera dimitido. Tal vez González debió dimitir hace meses, pero lo que ahora se sabe sobre el papel decisivo de un grupo de chantajistas en ese debilitamiento de la autoridad del Gobierno más bien hace pensar que, de haber cedido el presidente sin resistencia, se habría estimulado la perpetuación del chantaje, contra el actual o cualquier Gobierno futuro.