Santaella ya exhibió en el mes de febrero ante Barrionuevo datos de los papeles de Perote

Jesús Santaella, abogado de Mario Conde, entregó en febrero pasado al ex ministro José Barrionuevo un listado de informes que correspondían precisamente a muchos de los documentos sustraídos del Cesid por el coronel Juan Alberto Perote, robo que no fue conocido públicamente hasta cuatro meses después. Santaella dio a Barrionuevo cuatro folios con referencias numéricas o de páginas correspondientes a decenas de informes. La mayoría de estos informes eran sobre la guerra sucia contra ETA, pero también había otros sobre escuchas ilegales a diplomáticos extranjeros y al Rey y sus amistades.

Barrionuevo se entrevistó con Santaella varias veces a partir del pasado 24 de febrero. En uno de los primeros contactos fue cuando el abogado, hasta entonces sólo defensor de Conde, entregó ese listado de supuestas amenazas, como fue percibido desde el Gobierno. Sin embargo, el coronel Perote sólo salta a la opinión pública el 14 de mayo, día en que EL PAÍS difundió que el ex jefe de la División Operativa del Cesid había sido incluido entre los testigos propuestos por Mario Conde en el caso Crillon. Un mes más tarde, Perote ya es citado como la persona que había robado documentos del Cesid que en esas fechas empezaron a ser difundidos por El Mundo. Una vez procesado, Perote contó con Santaella como defensor.La conexión entre Perote y Conde, por tanto, se remonta, como mínimo, a comienzos de este año. Difieren las versiones sobre los nexos entre ambos, al menos a la hora de perfilar una supuesta iniciativa conjunta ante el Gobierno. Según unas fuentes, fue Julián Sancristóbal, ex director general de la Seguridad del Estado que coincidió con Conde a finales de 1994 en la prisión de Alcalá (Madrid), quien aconsejó o facilitó la conexión. Cabe recordar que Perote visitó varias veces a Sancristóbal en la cárcel. Según otras fuentes, fue el ex comisario Francisco Alvarez, amigo de Sancristóbal y también procesado en el caso Gal, quien propuso ese enlace y quien hizo de puente entre Santaella y Barrionuevo. Álvarez y Perote han realizado algún negocio juntos.

Red de agentes

El listado mostrado a Barrionuevo también incluía referencias a la plantilla de agentes del Cesid en el sur de Francia y en Marruecos, actuaciones irregulares de la Guardia Civil y menciones a operaciones de espionaje realizadas con servicios secretos de otros países, así como entradas en domicilios particulares de diplomáticos acreditados en España. Asimismo, figuraban los métodos para contactar con la red de agentes y colaboradores del Cesid. También había anotaciones sobre actuaciones de espionaje en Latinoamérica y diversos países del Magreb.

Cada tema o epífrafe estaba recogido en un enunciado acompañado de una breve descripción, al término de la cual se remitía, entre paréntesis, a un número de página o a un número de referencia. Los números de páginas están referidos, al parecer, al amplio informe que Santaella entregó después al ex presidente del Gobierno Adolfo Suárez. La mención números de referencia se debe a que ése es el sistema de identificación de informes usado por el Cesid para clasificar datos de su archivo.

El listado de amenazas sirvió al Gobierno para realizar la primera comprobación de que tales documentos correspondían a otros, aunque no todos, archivados en el Cesid. Se trataba, en efecto, de parte de la documentación sustraída por Perote del Cesid en 1991: 1.200 microfichas, numerosos documentos sobre operaciones y las memorias o resúmenes anuales de diez años.

Pero la intención del entramado Conde-Perote era que la advertencia de lo que tenían en su poder llegara al jefe del Gobierno. Los papeles recogidos por Barrionuevo llegaron a manos de Narcís Serra, pero éste no los trasladó a Moncloa. Por eso, Santaella empleó lo puentes del abogado Gerardo Viada y de Adolfo Suárez para acceder al ministro Juan Alberto Belloch, primero, y a Felipe González, después.

Con el ministro y con el jefe del Gobierno, Santaella planteó la conveniencia de encontrar una solución al caso Conde -incluido el recambio del juez Manuel García Castellón por Miguel Moreiras- y de compensar a su defendido con 14.000 millones. El lenguaje utilizado en estos casos por Santaella fue "lo suficientemente inteligente", afirman personas conocedoras de las entrevistas, como para que nadie le acusara de chantaje.

Términos "más rudos"

Sin embargo, en toda esta compleja operación de amenazas al Gobierno también ha habido múltiples contactos en los que sí se han empleado términos "mucho más rudos y directos" sobre las avisos que partían del entorno de Conde y Perote. Además de los encuentros Barrionuevo-Santaella, el abogado se ha entrevistado varias veces con José Enrique Serrano, secretario general de la Presidencia, y con Jesús del Olmo, secretario general del Cesid. Algunos militares directamente relacionados con Perote también se han entrevistado con Del Olmo y con el ex jefe del Cesid, general Emilio Alonso Manglano. El coronel Jaime Perote, hermano del procesado, habló con Manglano para buscar una solución al problema del procesado. Otras fuentes afirman que, entre los numerosos mensajes enviados desde el entorno Conde-Perote, algunos llegaron también a algún partido.

En cualquier caso, es en esos contactos a más bajo nivel en los que se han lanzado advertencias y amenazas mucho más directas. Así, uno de los contactados asegura que su interlocutor le dijo textualmente que "tenían" a varios jueces o fiscales con ellos.

En ese tipo de entrevistas han llegado a transmitirse amenazas sobre la aireación de informes sobre la vida privada de Manglano y Serra, así como noticias sobre el patrimonio de políticos, incluido González.

Ayer se produjo otra vuelta de tuerca. El Mundo publicó un listado que en buena parte corresponde al que, en referencia a la guerra sucia, le entregó Santaella a Barrionuevo. Pero la vuelta de tuerca también consistió en que el listado incluía acciones de mandos de la Guardia Civil -los generales Andrés Casinello y José Antonio Sáenz de Santa María-, cuando un compromiso no escrito en los citados contactos suponía que los extorsionadores no atacarían a la Guardia Civil como institución.