Chantajistas y chantajeados

LO QUE algunos sabían y ocultaban y otros muchos sospechaban, pero no podían probar, ha comenzado a desvelarse: era Mario Conde, y en defensa de valores tan elevados como intentar ser exculpado de la acusación de estafa y apropiación indebida, quien manejaba los hilos de las revelaciones que han ido pautando la vida política desde hace dos años. Concretamente, desde que el 28 de diciembre de 1993 se produjo la intervención de Banesto y se conocieron las actuaciones que conducirían al procesamiento de Mario Conde por esos delitos.Nadie discute la gravedad de los numerosos escándalos que gravitan actualmente sobre el Gobierno de Felipe González. Varios de ellos están ya en los tribunales y dos en el Supremo: el GAL y Filesa. Si Conde, Perote y otros tienen pruebas incriminatorias, ahí están los jueces de instrucción 'para exponerlas. Sería. un servicio al país. Pero no es eso lo que ha venido ocurriendo durante los últimos meses. Lejos de ir con las supuestas pruebas al juez, han hecho llegar al Gobierno por variados conductos -Suárez, Ansón, Barrionuevo- que tenían en sus manos material altamente explosivo, al mismo tiempo que en los despachos ministeriales sostenían argumentos de corte jurídico para defender una solución legal al caso de Conde. El chantaje no dejaría de existir porque el material en que se basa fuera realmente incriminatorio.

No es un problema meramente moral. y jurídico que afecte a la restitución de la inocencia o al reparto de culpas, sino que están en juego algunas cuestiones más importantes. Ante todo, las reglas de juego de una sociedad democrática, que obligan a todos los agentes sociales y económicos a respetar el terreno de juego: a denunciar al juez los hechos delictivos que se conozcan y no a utilizarlos como moneda de cambio para obtener favores del poder. Se ha dicho en numerosas ocasiones que el asunto de los GAL y buena parte de los escándalos que salpican al Gobierno afectan al pasado político, pero ahora se empieza a percibir claramente que de hecho afectan y quizás condicionan el futuro. Si alguien, que debe ser obligatoriamente muy poderoso, pone de rodillas al Gobierno e incluso al Estado en una ocasión, el caso se repetirá en el futuro.

Es inquietante escuchar la explicación (le que una dimisión a tiempo de Felipe González hubiera resuelto todos los problemas. ¿Debe dimitir González por su responsabilidad en el caso GAL o ha de hacerlo para impedir que se conozca esa eventual responsabilidad? ¿Fortalecería esa salida al líder político que ocupe mañana el sillón de La Moncloa o le haría más débil ante. cualquier otra operación de chantaje que pueda montarse en el futuro? La documentación utilizada en esta ocasión no afecta únicamente a escándalos que pueden tener consecuencias para miembros del Gobierno, alcanza también a actividades reservadas, perfectamente legítimas, que interesan al Estado y cuya divulgación puede ocasionar graves perjuicios para los intereses nacionales, en sus relaciones con otros países.

La versión del abogado

La explicación que ofrecen algunos de los protagonistas del caso es negar ahora que haya existido chantaje alguno. Así ha intentado actuar Jesús Santaella, abogado del ex banquero Mario Conde y del coronel Juan Alberto Perote, que ha proporcionado una versión de los hechos perfectamente contradictoria en sus propios términos. Su versión quiere presentar al Gobierno como el único interesado en entrar en contacto con el representante de Conde para resolver el error de la expropiación de Banesto.

Pero su propio comunicado le desmiente. Es Santaella quien intenta una y otra vez abrir vías de diálogo con el Gobierno: primero, a través del ex ministro José Barrionuevo, ya entonces situado en mala posición en el escándalo de los GAL; luego, con el ministro del Interior y de Justicia, Juan Alberto Belloch, mediante un amigo común; más tarde, con el propio presidente del Gobierno a través de Adolfo Suárez, especialmente sensibilizado a la apelación a los intereses, de Estado. En toda ocasión es Santaella quien quiere explicar al Gobierno sus posiciones e insinuar sus pretensiones, que, por otra parte, son bien claras: resolver la situación penal de su cliente y obtener una compensación económica que finalmente evalúa en 14.000 millones de pesetas por quebrantos, patrimoniales.

Miente Santaella cuando asegura que todos sus interlocutores en el Gobierno se muestran de acuerdo con sus tesis. Si así fuera, seguramente el juez García-Castellón ya hubiera sido apartado de la instrucción del caso Banesto y, desde luego, el consejero del Poder Judicial Javier Gómez de Liaño -hermano del abogado que dirige la defensa de Conde- no se hubiera quedado probablemente solo en el Consejo cuando votó contra la prórroga del juez instructor. Miente también cuando asegura que el Gobierno reconoce el error cometido con la intervención de Banesto y que, por tanto, admite el principio de reparación de daños. En reiteradas ocasiones ha reafirmado su total acuerdo con la decisión adoptada el 28. de diciembre de 1993 por el Banco de España.

Para redondear su exposición, Santaella manipula la gestión realizada por el abogado Gerardo Viada, que le preparó la cita con Belloch, al mezclar a EL PAÍS en el asunto. Santaella actuó en. este episodio como abogado de Conde y Perote y suponemos que no en su condición de decano de los abogados de la Asociación de la Prensa de Madrid. Viada, que pertenece los servicios jurídicos de EL PAÍS, realizó la gestión que le había pedido Santaella en calidad de colega y compañero en la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, en ningún caso como abogado del diario. Y aceptó la petición de discreción planteada por Santaella, lo que ha servido a éste para instrumentalizar su gestión.

El chantaje bien hecho requiere el guante blanco. Los papeles comprometedores llegan a sus destinatarios. En una secuencia perfectamente medida se hacen llegar a los medios de comunicación, que ejercen su legitimo derecho a publicar hechos relevantes de interés público. Los intermediarios y los abogados $e encargan luego de explicar en términos impecables las salidas jurídicas al chantaje, obviando naturalmente unas amenazas que nunca proferirán. Las tres versiones de El Padrino nos han instruido mucho al respecto. El ministro de Justicia e Interior puede así asegurar, en gesto de ingenuidad extraordinaria, que no hay chantaje ni coacción al Gobierno. Porque de haberse formulado en términos tan directos, el propio ministro hubiera tenido que acudir al juzgado de guardia.

La oposición ha pedido inmediatamente la comparecencia del Gobierno ante el Parlamento. Es una medida acertada si está orientada a evitar que el chantaje siga prosperando y sirve, por tanto, para apoyar al Gobierno en la tarea de velar por la seguridad del Estado y para garantizar que en el futuro se instale un sistema de fuerzas ocultas que dicten el rumbo político del país. No tiene sentido alguno si sirve para interesarse por los presuntos delitos cometidos por los chantajeados, que deben ser cuestión de los tribunales de justicia. El Gobierno debe dar explicaciones y recabar además este apoyo. Y la Fiscalía General del Estado debe interesarse inmediatamente por un caso en el que hay quienes están dispuestos a poner en juego la democracia y la seguridad de todos para defender sus intereses particulares.