Los socialistas creen que el coronel Perote actúa con "intención política"

INVESTIGACIÓN DE LA GUERRA SUCIASocialistas y oposición cruzaron ayer duras acusaciones tras conocerse la declaración de Perote ante el juez Garzón. El secretario de Organización del PSOE, Ciprià Ciscar, se atuvo a la tesis socialista del acoso y derribo que sufre el Gobierno al calificar de "falsedades, despropósitos e intencionalidad política" las acusaciones del ex número dos del Cesid. Por el contrario, el PP e Izquierda Unida dieron credibilidad a Perote y pusieron el acento en la responsabilidad política de Felipe González en el caso GAL. Josep López de Lerma, de CiU, sorprendió al afirmar: "No podemos seguir por más tiempo con un presidente bajo sospecha".

La declaración de Perote la tarde del martes fue un capítulo más, y anunciado, dentro de la larga serie de la cadena del escándalo GAL. Por ello las reacciones políticas fueron las previstas y ajustadas a los intereses de cada grupo, con la excepción de la mayor dureza del portavoz de CiU, Josep López de Lerma, explicable ante el giro en las relaciones entre el Gobierno y los nacionalistas catalanes.Ciscar, en nombre del PSOE, no dio credibilidad a Perote y atribuyó a sus declaraciones ante el juez una "intencionalidad política", según manifestó a este diario, en línea con la tesis socialista de que hay una campaña concertada de intereses para desestabilizar al Gobierno. También se ajustó a la posición adelantada el viernes por el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, de extremar en este caso la neutralidad política del Gobierno ante los tribunales. El dirigente socialista, con este argumento por delante, criticó el "intento de instrumentalización política de la acción de la justicia" por parte de Federico Trillo, del PP, y Julio Anguita, de IU, quienes pidieron una vez más la dimisión de Felipe González como presidente del Gobierno por responsabilidad política.

Los socialistas no van a mover un ápice sus posiciones políticas ni su calendario electoral, salvo que el Tribunal Supremo dictaminara indicios delictivos contra Felipe González. Mientras tanto, su posición ante la publicación de las sucesivas declaraciones ante los jueces será la de condena de la violación del secreto sumarial. Ayer, Ciscar criticó al juzgado de Garzón "por ser el único de España que está lleno de filtraciones y goteras y donde la declaración del secreto sumarial es una broma". Es más, el secretario de Organización socialista pidió la intervención de la Administración de Justicia para "velar por la garantía del secreto sumarial".

Populares e Izquierda Unida aprovecharon la declaración de Perote para incidir en su línea de exigencia de responsabilidades políticas y dimisión a Felipe González por el caso GAL, aunque sin la convicción de que el presidente del Gobierno les haga caso. Federico Trillo, en unas manifestaciones en el Congreso, dio por buena la de claración de Perote en el sentido de que "ratifica la responsabilidad política del presidente del Gobierno en la trama GAL, bien por acción o por omisión".

Julio Anguita, en declaraciones a Europa Press TV, insistió en su tesis de que González es "el señor X de los GAL". La portavoz parlamentaria de IU, Rosa Aguilar, llegó a "calificar de salto cualitativo" las declaraciones del ex número dos del Cesid. "Los documentos [del Cesid sobre los GAL] que parecen existir aclaran las responsabilidades políticas que por parte de IU venimos demandando al presidente del Gobierno respecto a todo el tema del terrorisino", dijo Aguilar.

Más sorprendentes fueron las manifestaciones del diputado de CiU Josep López de Lerma, que aprovechó la declaración de Perote para insistir en la última tesis de su partido, Convergència Democrática de Catalunya (CDC): adelanto inmediato de elecciones generales.

"Bajo sospecha"

La novedad de la declaración de López de Lerma estuvo al señalar que "no se puede seguir por más tiempo con un presidente de Gobierno bajo sospecha judicial ni con un Gobierno a la deriva y un PSOE peleado en busca delíder". "El Gobierno se encuentra en fase terminal y debe resolver políticamente este laberinto judicial convocando elecciones generales anticipadas de inmediato, porque marzo está demasiado lejos ante la situación política que vive el país".

López de Lerma provocó una dura reacción del dirigente del Partít dels Socialistes de Catalunya (PSC), Josep María Sala, que reclamó a la dirección nacionalista catalana que desautorizara al diputado con el argumento de que "se atribuye las potestades de un juez al hacer estas afirmaciones porque el Tribunal Supremo todavía no ha adoptado ningún tipo de decisión sobre el caso GAL, y además las últimas noticias apuntan que no habrá ni actividad indagatoria".