La Xunta subvencionó a un industrial del PP sabiendo que no reunía los requisitos

La Xunta de Galicia mantuvo una subvención a la empresa Lapatena, propiedad del empresario vinculado al PP Manuel Vázquez Pérez -conocido como Manolo Arnoya-, pese a las evidencias de que la empresa no cumplía las condiciones impuestas para la subvención, según los documentos y las declaraciones aportadas en el sumario abierto contra Lapatena por la falsificación de contraetiquetas de denominación de origen del vino de Ribeiro.

El Gobierno gallego, "en consideración de las necesidades de financiación motivadas por los compromisos de compra de uva" del ribeiro, concedió en 1992 una subvención de ocho puntos al tipo de interés a un préstamo de 1.000 millones de pesetas solicitado por Lapatena a varias entidades bancarias. El total de esa subvención, aplicable en cuotas trimestrales hasta 1996, suma unos 330 millones de pesetas, de los que la Xunta ha hecho efectivos 163 entre el segundo trimestre de 1992 y el tercero de 1994.En esta fecha se desvela la existencia de contraetiquetas falsas en la denominación de origen del vino de ribeiro, y sólo la instrucción del sumario contra Lapatena motiva una investigación propia de la Xunta, que resuelve en mayo último cancelar la subvención y reclamar las cantidades percibidas por Lapatena "por el incumplimiento de la finalidad y condiciones" de la subvención.

De tal incumplimiento, sin embargo, han existido indicios, algunos clamorosos, desde el momento mismo de concederse la subvención, otorgada por el Consello de la Xunta al margen de los programas comunes de ayuda financiera a las empresas, es decir, sin normativa específica de aplicación, sin publicidad, sin plazo de solicitud y sin especificar métodos y controles para su seguimiento. Lapatena, para disponer de ésta, se comprometió a comprar 10,5 millones de kilos de uva de ribeiro en cada campaña, hasta 1996, mediante contratos homologados que fijan el precio de la uva y los plazos.

Pero Lapatena no compró desde 1992 ninguna uva con contrato homologado, sino mediante otros privados que rebajaban el precio oficial y alargaban el pago hasta un año en lugar de tres meses. Además, tampoco llegó a cumplir ningún año el compromiso de comprar los 10,5 millones de kilos de uva, entre otras cosas porque las malas cosechas no han permitido alcanzar ese volumen de producción.

La Consellería de Agricultura, según los documentos aportados al sumario, bien por el Consejo Regulador del Ribeiro o por el Ministerio de Agricultura, conocía esos extremos previamente denunciados por el Grupo Socialista, que ahora acusa al consejero Pérez Vidal de mentir al Parlamento y al de Economía, José Antonio Orza, y al propio presidente Fraga, de actuar en complicidad con él. Pérez Vidal siempre argumentó que Lapatena cumplía los requisitos. Consecuentemente, la Consellería de Economía canalizaba los pagos, que, debido a la atipicidad de la subvención, tenía que aprobar el Consello de la Xunta con la firma de su presidente, Manuel Fraga. La única garantía de que Lapatena cumplía sus compromisos la aportaban las declaraciones trimestrales de su dueño.