Bajo sospecha

PUES LO ha hecho. El Gobierno ha ignorado todas las advertencias y ha convertido al coronel de la Guardia Civil Enrique. Rodríguez Galindo en, general. Ha pasado por alto hasta sus propios datos, ya que las sospechas de la implicación de guardias civiles del cuartel donostiarra de Intxaurrondo en el secuestro y posterior asesinato de, los etarraslasa y Zabala se fundamentan en indicios verosímiles resultantes de investigaciones- del propio Ministerio de Justicia e Interior. Era más que obvio que esos indicios aconsejaban paralizar el ascenso a general de ese militar, responsable del citado cuartel cuando sucedieron los hechos. El Gobierno no lo ha visto así.Parece evidente que sólo una segunda intención puede explicar el empecinamiento del Gobierno en, hacer efectivo el ascenso. La tesis más piadosa es que esta decisión es la forma de sacar a Galindo de Intxaurrondo sin pasar por trámites de una destitución o apartamiento del cargo, con posibles repercusiones sobre la cohesión y actitud. de los equipos antiterroristas.

Pero si se trata de esto tampoco faltan motivos de inquietud. O bien se estaría comprando el silencio del hoy -ya general, algo no descartable a la vista de lo ¿aro que ha resultado al Gobierno descuidar ese pago en otros casos famosos, o bien se estaría tratando de evitar el boicoteo desde dentro de la acción policial. La insistencia por parte de los medios defensores de Rodríguez Galindo en la vital importancia de los informadores antiterroristas controlado por él alimenta la sospecha de algún sutil chantaje.

Aceptar esta última hipótesis es tan contradictorio con el empeño reformista de Belloch como lo fue, en marzo, la decisión de indultar a dos guardias, también adscritos a Intxatirrondo, condenados por torturas. La credibilidad de ese empeño pasa por acabar con esas prácticas y con los sedicentes expertos antiterroristas, supuestamente imprescindibles, que chantajean a los ministros del Interior desde hace 20 años.

Es cierto que, en relación al caso Lasa-Zabala, que investiga el juez Bueren, sólo puede hablarse de indicios. Nadie ha presentado pruebas contra el ahora general. Pero no se trata por el momento de establecer responsabilidades penales, sino de decidir si había o no motivos que aconsejasen aplazar el proyectado ascenso hasta concluir la investigación. Lo que es evidente es que si de esa investigación resultase la implicación directa de guardias a las órdenes del coronel Rodríguez Galindo, éste debería responder en la medida que determinasen los jueces, de las actuaciones ilegales de sus subordinados.

El Estado y la sociedad agradecen los servicios de los guardias y mandos de ese cuartel, del que han partido algunas de las más eficaces operaciones contra ETA. Pero esos méritos, individuales o colectivos, no convalidan crímenes como el del secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. Una cautela mínima reforzada por la experiencia de quienes estuvieron a punto de hacer ministro al ex director de la Guardia Civil- habría aconsejado congelar el ascenso hasta la culminación de la investigación. Quizá se arrepientan pronto.