Firmado el acuerdo laboral que va a permitir la liquidación de Intelhorce

La dirección de General Textil España (GTE), antigua Intelhorce, vio ayer despejado el camino para liquidar la factoría tras haber alcanzado un pacto con los acreedores de los más de 7.000 millones de pasivo exigible. Los trabajadores y la dirección firmaron en Sevilla el acuerdo laboral por el cual los contratos de los 723 empleados quedan suspendidos hasta el 30 de septiembre, aunque durante este periodo no acudirán al desempleo y recibirán sus nóminas.Según el comité de empresa "sólo se ha ganado una batalla" ya que ha conseguido el pago de las nóminas hasta el 30 de septiembre y que Patrimonio deposite en una cuenta los 8.170 millones necesarios para ello y para las bajas incentivadas y prejubilaciones a la que se acogerán dos centenares de empleados a partir de esa fecha. Para entonces se debe haber alcanzado un acuerdo con un grupo privado para la adquisición de los activos de la factoría.

Responsabilidad autonómica

Patrimonio del Estado se desvincula así del futuro de Intelhorce, que pasa a ser responsabilidad de la Administración autónoma, encargada de negociar con inversores privados el mantenimiento de la actividad industrial en la fábrica. La incertidumbre es que estas negociaciones lleguen a buen término. Si no es así, el presidente del comité de empresa, Felipe Cortés, ha vuelto a apuntar la posibilidad de que sean los propios trabajadores quienes asumieran la gestión de la nueva empresa, en la que exigirían la participación accionarial de la Junta.Mientras tanto, prosiguen las acciones judiciales para continuar la instrucción del caso. El, juez Juan Francisco Ramírez Barroso cree que ya "se ha conseguido la mayor parte de la documentación imprescindible para ello" y decretó hace 12 días el levantamiento total del secreto del sumario. Tres asuntos permanecían aún sin abrirse al escrutinio público el pago de facturas falsas a través de la sociedad Duerer, las operaciones realizadas con la empresa italiana Tecasa y las denominadas "ventas expeciales", operaciones con mercancías de la fábrica textil de las que no existe facturas.

Ramírez Barroso mantiene en prisión a los tres princicipales imputados, el ex presidente de la fábrica, Giovanni Orefici, su principal colaborador, el abogado José María Múñiz, y el ex presidente de la empresa pública Improasa, José Miguel Moreno García.