"Fenomeno de importación"

Los portugueses no se consideran racistas, y, el Gobierno y la oposición están de acuerdo en considerar que los episodios de violencia étnica de los últimos meses son un "Fenómeno de importación", pero divergen sobre sus causas y la mejor manera de combatirlos. La segunda critica la política económica, social y de inmigración del Gobierno, al que acusa de fomentar deliberadamente el racismo atribuyendo el aumento de la violencia suburbana a "bandas de jóvenes negros".Para el ministro portugués del Interior, Manuel Días Loureiro, es preciso controlar severamente la inmigración para favorecer la inserción social de los inmigrantes e impedir el desarrollo de reacciones xenófobas y racistas que "Felizmente son fenómenos importados" sin expresión numérica en Portugal. Con 170.000 extranjeros residentes legalmente en Portugal -de los cuales 81.200 son africanos oriundos de las ex colonias- y decenas de miles de clandestinos que totalizan el 1,7% de la población, el país no está en condiciones de ofrecerles empleo, alojamiento, educación y asistencia social. Antes de firmar los acuerdos de Schengen, el Gobierno procedió a la legalización de 28.000 inmigrantes que se encontraron en Portugal. Desde entonces ha sido presionado para tomar medidas más severas para controlar el flujo (de clandestinos que, a través de Portugal, se dirigen hacia otros países de la Unión Europea.

Es el caso de los africanos francófonos (zaireños, guineanos, malianos, senegaleses), que descubrieron la manera de conseguir, a bajo precio, pasaportes de Angola y Guinea Bissau que les franqueaban sin grandes dificultades la entrada en Portugal.

Existen verdaderas redes, encabezadas por traficantes europeos, africanos y orientales, que suministran mano de obra barata y semiesclava a numerosas empresas europeas (para la agricultura, la construcción, la limpieza y el servicio doméstico) y reclutan también correos y distribuidores para el narcotráfico.

Uno de los objetivos del acuerdo de seguridad interna, firmado la semana pasada en Luanda por Días Loureiro con su homólogo angoleño, es la de estrechar la cooperación entre las autoridades policiales de los dos países para desmantelar estas redes y controlar la validez de los documentos de identidad y de los visados de inmigración.

Pero Brasil y los países africanos lusófonos no se resignan a la pérdida del anterior estatuto de "doble nacionalidad", y la oposición acusa al Gobierno de Lisboa de interpretar "en clave racista y segregacionista" las normas de Schengen para la concesión del derecho de asilo y los visados.