Una propuesta para exculpar a todos por 'vía constitucional'

Una salida constitucional a la situación creada es la propuesta por el abogado Jesús Santaella -defensor del coronel Juan Alberto Perote, procesado por el caso de las escuchas del Cesid-, quien insiste en que el Congreso de los Diputados exculpe a González y después perdone a los demás implicados.Santaella recordó en enero último en El Mundo que el artículo 102 de la Constitución, tras establecer que "la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", señala que, cuando la acusación sea "por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo".

Tras la declaración de Ricardo García Damborenea ante el juez Baltasar Garzón, Santaella ha declarado a EL PAÍS que esta solución constitucional es especialmente idónea para que 1a generosidad de las fuerzas políticas salve al presidente Felipe González". Manifiesta que una votación mayoritaria contraria a la acusación, tras un debate parlamentario, "significaría una exculpación política constitucional, con efecto de cosa juzgada".

Amnistía y elecciones

Y Santaella añade: "Tras esto, quedaría abierta la posible amnistía particular, mediante el derecho de gracia, también constitucional, para aquellos servidores del Estado que, en cumplimiento de las órdenes del Gobierno, exculpado por el Parlamento, hubieran incurrido en responsabilidades penales". Y a continuación, según la propuesta de Santaella, "elecciones".Los diputados socialistas José María Mohedano y Manuel de la Rocha creen inaplicable tal precepto constitucional, porque los delitos de que se está tratando no son ni de traición ni contra la seguridad del Estado. Sin embargo, Santaella argumenta que el vigente Código Penal incluye en el mismo título, bajo el rótulo Delitos contra la seguridad interior del Estado, entre otros, el delito de detención ilegal por funcionario público (artículo 184) y el de terrorismo (174 bis a y b). Recuerda que el secuestro de Marey incurre en detención ilegal.

Los fiscales de la Audiencia Nacional Eduardo Fungairiño y Gordillo vinculan tal secuestro con el artículo 480 del vigente Código Penal, ajeno a los delitos contra la seguridad del Estado. Esta interpretación impediría la salida que propone Santaella, al menos en lo que se refiere al secuestro de Marey.