El Gobierno confía en el Tribunal Supremo para que las acusaciones se detengan en Barrionuevo

La inminente elevación del caso GAL al Tribunal Supremo por el juez Baltasar Garzón ante la aparición de indicios delictivos contra el diputado socialista y ex mininistro del Interior José Barrionuevo -dada la condición de aforado de éste- es contemplada desde el Gobierno con alivio, por estimar que el asunto se detendrá ahí. En cuanto a la pretendida responsabilidad del presidente del Gobierno, Felipe González, fuentes socialistas relacionan las acusaciones con los esfuerzos de los populares por acceder muy pronto al poder, para lo que sus dirigentes ofrecen o insinúan en privado soluciones que conduzcan al perdón de los inculpados, pero siempre desde un futuro Ejecutivo del Partido Popular.

La próxima remisión del caso GAL a la Sala Segunda, de lo Penal del Tribunal Supremo produce en el Gobierno una sensación de desahogo, entre otras razones, por el contraste entre la intrepidez y capacidad instructora del juez Garzón y un tribunal poco ágil para investigar delitos e impedido legalmente para delegar en el juez Garzón, según fuentes de dicha sala. Tendrá que designar instructor a un magistrado de la misma, que compartirá ésta tarea con otras funciones jurisdiccionales en el Supremo, lo que asegura una "instrucción ni trepidante ni ágil".La elevación del caso al Supremo no se produciría si Barrionuevo hubiera renunciado a su condición de diputado. Fuentes de la investigación aseguran que, de haber hecho tal renuncia, el juez Garzón, tras inculparle, habría decretado su libertad provisional. Sin embargo, tanto Barrionuevo como su entorno jurídico y político se han negado a arrostrar una investigación a cargo del juez antiguo compañero de escaño.

Desde el punto de vista de la depuración de las responsabilidades penales, fuentes de la Audiencia Nacional señalan que, a pesar de la aparente mayor agresividad jurídica de este órgano judicial, existe una hostilidad mayor hacia el Ejecutivo en el Supremo, cuya sala segunda será presidida a partir de mañana, lunes, por un magistrado muy conservador, Fernando Cotta. En todo caso, no es probable que esta sala se haga cargo del caso hasta septiembre. La sala de vacaciones, que presidirá Pedro González Poveda, y de la que formará parte José Antonio, Martín Pallín, no podrá hacerlo.

Secuestro prescrito

Una de las soluciones al caso GAL que se apuntan (desde áreas gubernamentales guarda relación con que las imputaciones más concretas y consistentes hasta ahora se refieren al secuestro de Segundo Marey, delito que, en lo que se refiere a Barrionuevo, está prescrito por haber transcurrido más de 10 años sin dirigir el procedimiento contra él. El secuestro fue perpetrado en diciembre de 1983 y de no haberse reactivado el caso en 1993 por el fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo habría prescrito para todos los presuntos culpables.En cuanto al criterio procedente del Ministerio de Justicia e Interior, que atribuye "poco peso jurídico" a las declaraciones de Miguel Planchuelo, Julián Sancristóbal, Francisco Álvarez y otros comparecientes ante Garzón, fuentes judiciales señalron que, por el contrario, "cuando se trata de testimonios coincidentes tienen bastante consistencia" y recordaron que existen "miles de condenados por pruebas de menor peso jurídico que los indicios hasta ahora hallados".

La actitud del entorno del Gobierno es la de que continúen trabajando los jueces y, en general, parece confiar en que no tiene nada que temer de la actividad judicial. El abogado y diputado socialista José María Mohedano considera que, "sea Garzón o sea el Tribunal Supremo, los jueces deben seguir su trabajo". Como otros dirigentes socialistas, Mohedano rechaza, por el contrario, soluciones del tipo de una ley de "punto final".

"Con un Gobierno socialista nunca podrá haber intentos de tapar presuntas responsabilidades propias", argumenta Mohedano, para el que "no sería conveniente políticamente, y jurídicamente es imposible, porque la Constitución prohibe los indultos generales". Y añade: "Tal solución, innecesaria, sólo cabe conectarla con el intento conservador de precipitar un cambio del Gobierno, que dejaría en manos del Ejecutivo del PP un futuro indulto, en su caso, tras el juicio correspondiente, y que sena recibido por los cuerpos policiales como un bálsamo".

En cuanto a la posible inculpación de Felipe González, tras la declaración del ex dirigente socialista vasco Ricardo García Damborenea, el diputado socialista Manuel de la Rocha cree que "es difícil que por una sola declaración testifical el Supremo solicite el suplicatorio para proceder contra el presidente del Gobierno". De darse tal circunstancia, De la Rocha estima que "en 48 horas se provocaría una crisis muy difícil de superar, que exigiría la inmediata disolución del Parlamento". Cree que, en todo caso, tal petición no se produciría hasta septiembre.

Otros socialistas consultados coinciden en los efectos políticos de la situación. Así, consideran que, una vez que el caso llegue al Supremo, Barrionuevo debería renunciar a su condición de aforado, aunque no a la de diputado, o al menos pedir al PSOE que vote favorablemente la concesión del suplicatorio "para poder defenderse". Barrionuevo mantiene tanto en público como en privado que no existió la conversación telefónica que se le atribuye con Sancristóbal sobre el secuestro de Marey.