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Tribuna:

Nuevos desafíos para la política de I+ D

El III Plan Nacional de I + D presentado recientemente supone una readaptación, doctrinal e instrumental, de la política científica y tecnológica (PCT) que debe ser bienvenida. Sin embargo, es necesario afrontar también acciones y negociaciones políticas tendentes a la estabilización y consolidación del marco institucional de la PCT en el Estado de las autonomías.La formulación de la PCT en los ochenta aceptó la coordinación de las acciones públicas y la conexión entre las modalidades de la investigación; sin embargo, en la puesta en acción se manifestaron algunas disfunciones.: dificultades en la coordinación entre los diversos ministerios, excesiva presencia de los académicos, escasa participación de los usuarios de los resultados de la investigación.

Así, el contenido sustancial de la PCT quedó más orientado hacia la ciencia que a la tecnología y más a la producción de conocimiento que a su difusión. Entre 1989 y 1994, la CICYT y la Secretaría General de Plan Nacional de I + D fueron, en lo fundamental, un instrumento para la financiación de las actividades de I+D de las universidades y, los centros públicos de investigación más que una herramienta de la acción estratégica del Estado en materia de investigación,

El III Plan Nacional de I + D aparece todavía como un conjunto de dos familias de programas: los dedicados a sostener genéricamente la I + D, esperando que la dinámica científica produzca resultados, y los más activistas, que tratan de movilizar y difundir. Pero el nuevo plan, sin revolucionar la concepción de la acción pública, evidencia un cambio de perspectiva en el discurso. La reorientación parece querer afrontar algunos de los problemas surgidos, tales como la pérdida de capacidad coordinadora en el interior de la Administración del Estado o la escasa transmisión de conocimientos desde el sector de la I + D académica al resto de la sociedad.Se detecta un cambio en las modalidades de intervención, llevando el énfasis a los programas estratégicos, a los mecanismos de transferencia y a formas de organización de la actividad investigadora construidas sobre problemas en vez de disciplinas. Desde esta perspectiva, el nuevo plan supone una adaptación constructiva de las estrategias de apoyo a la investigación y una mayor conexión de las. mis mas con las necesidades, sociales y económicas, basadas, en una mayor cooperación entre el sector público y privado.

Una vez reorientado parcialmente el plan, otros asuntos deberán atraer la atención de los responsables de la política científica y tecnológica española. En éstos. años se ha, producido una redistribución radical de las iniciativas públicas en el campo de la 1 + D que hace indispensable repensar el marco en el cual se mueve la PCT de la Administración del Estado. No debería obviarse que los Gobiernos regionales desarrollan importantes acciones a favor de la investigación, desarrollo e innovación y que la importancia de las iniciativas europeas en la orientación de la I + D es creciente. Afrontar esta redistribución de competencias exige la negociación y elaboración de un auténtico contra to-programa entre los grandes operadores (Administra ción central y Gobiernos regionales), en colaboración con los actores de la investigación y los usuarios.

Todo ello favorecerá la construcción de un marco estable para la I + D española, porque trabajar por el futuro de la PCT supone, además de definir unos objetivos e instrumentación adecuados, pensar en las condiciones de viabilidad política de la acción pública.Luis Sanz Menéndez es investigador del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del CSIC.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de julio de 1995

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