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Editorial:

Fin de Terra Lliure

LA AUDIENCIA Nacional acaba de dictar sentencia en el llamado macrojuicio de Terra Lliure, en el que estaban encausadas 24 personas, detenidas en 1992 poco antes de los Juegos Olímpicos por orden del juez Baltasar Garzón. Atendiendo a que la banda armada "ha quedado disuelta y desarticulada desde hace ya un importante periodo de tiempo y [a que] su, peligrosidad en el momento actual puede considerarse nula", el tribunal pide el indulto para 18 de los 24 encausados, absuelve a otros seis y deja en libertad a cuatro de ellos que estaban en prisión provisional.Esta sentencia y el indulto que en buena lógica debe desprenderse de ella marcan el punto final a la penosa aventura del terrorismo catalán. Terra Lliure no existe desde hace tres años y nadie vinculado a este grupo ha vuelto a utilizar cloratita o bombonas de butano para reclamar sus ensueños nacionalistas. Es cierto que nunca fue una organización presentable en la internacional del terror y su única víctima mortal fue una mujer sobre la que se derrumbó una pared. Nada empaña la tragedia de esta muerte -ni tan siquiera buscada por los propios terroristas-, pero ilustra la ineptitud técnica de unos comandos que, a diferencia de lo sucedido en otros lugares, nunca tuvieron en su propia tierra el mínimo apoyo social que permite crecer y envalentonarse. Es más, el rechazo que han levantado todos los intentos de exportación del crimen por parte de ETA, principalmente con el atentado de Hipercor, han profundizado todavía más la repugnancia de la ciudadanía catalana hacia la utilización de la violencia bajo paraguas de finalidades políticas.

En 1992, en vigilia del acontecimiento olímpico y al calor de la campaña Freedom for Catalonia -un lema imprudentemente auspiciado por el propio nacionalismo conservador-, Terra Lliure intentó dar las últimas muestras de su frágil existencia. Fruto de esta actividad fueron unas detenciones ordenadas, por el juez Garzón, en una heterogenea redada que levantó las protestas de 'los partidos catalanes. Un aspecto nada menor de la redada fueron las denuncias por torturas presentadas por algunos de los detenidos. El tribunal ha sentenciado ahora a partir de pruebas y no ha tenido en cuenta en cambio las autoinculpaciones de los propios encarta dos, obtenidas, según ellos mismos, bajo coacción física. El tribunal ha actuado correctamente, remitiendo las alegaciones de malos tratos a los tribunale s ordinarios para que investiguen las denuncias.

Éste no es un aspecto anecdótico, sino crucial, en la lucha contra el terrorismo, de la que debe desaparecer el más leve asomo de utilización de medios ilícitos por parte de las fuerzas de seguridad, responsables de velar por el orden público. Una cuestión también fundamental para acabar con el terrorismo es que existan cauces democráticos y legítimos para la acción política en defensa, de objetivos pacíficos. El actual marco constitucional y el nuevo Código Penal, que ahora ha llegado al Senado, así lo establecen. Trabaja en dirección contraria, en cambio, el propósito del Partido Popular de penalizar explícitamente las proclamas independentistas de carácter pacífico.

Una vez indultados, los encausados podrán seguir defendiendo sus ideas independentistas mediante la utilización de métodos legales y pacíficos, como ya han he cho un buen número de ellos, que se han afiliado a Es querra Republicana de Catalunya. El desenlace del juicio a estos 25 independentistas es una ocasión no sólo para enterrar formalmente la intentona del terrorismo catalán, sino para reforzar el mensaje de que la democracia española admite cualquier discurso político que no busque el refrendo de las pistolas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 16 de julio de 1995