Los jueces investigan las cuentas del PP en la Banca Matutes
El magistrado del Tribunal Superior de Baleares Juan López Gayá, que instruye uno de los dos sumarios abiertos sobre el caso Sóller, quiere conocer con precisión los datos de los movimientos bancarios del PP en 1989, al margen de la versión oficial que aporte la dirección del partido al tribunal. El instructor ha reclamado al Banco Sanpaolo -antigua Banca Abel Matutes- -una relación de los balances, operaciones y movimientos financieros de las diversas cuentas que tenía abiertas el PP en el segundo semestre del 89.Con esta nueva iniciativa, López Gayá, jurista experto en cuestiones penales y derecho mercantil y societario, quiere saber si el PP tejió una red de ingeniería financiera destinada a la presunta financiaci6n irregular del partido. Las nuevas actuaciones pretenden evidenciar si existía en el PP una simulada caja b, destinada al manejo de activos financieros, cheques bancarios y talones al portador, anónimos y opacos al fisco en 1989, procedentes de presuntas comisiones ilegales o donaciones, no computados en la contabilidad oficial.Obstrucción
Los inspectores tributarios y del grupo policial de Delincuencia Económica toparon -y denunciaron por escrito- con enormes y reiteradas maniobras de obstrucción en la oficina de la ex Banca Abel Matutes, cuando rastreaban las operaciones del PP.
Los investigadores denunciaron la sustracción de documentación que avalaban las operaciones ocultas del PP. En algunos casos, los talones y giros se manejaban sin que en la caja del banco existieran fondos en metálico suficientes para avalar las aparentes salidas de dinero.
La doble actuación judicial del Tribunal Superior sobre la cuentas del PP y sus movimientos bancarios busca documentar si el PP manejó a través de la antigua Banca Abel Matutes -que era propiedad de la familia del dirigente popular Abel Matutes- las presuntas comisiones irregulares o donativos ofrecidos por el empresario que logró la concesión del túnel de Sóller, Antonio Cuart.
La policía y Hacienda, por orden del juez de instrucción de Palma Pere Barceló, que Investiga por presunta estafa al empresario Cuart, han recogido en ocho atestados diferentes el presunto mane o por el PP de 50 millones de pesetas de un pagaré del Tesoro que abonó, al parecer, Cuart. En las cuentas de la formación popular aparecen diversos movimientos simulados para cambiar en efectivo o en nuevos talones cantidades desgajadas del pagaré. Los investigadores sospechan que Cuart transfirió en mano y en un maletín a una persona no identificada otros 72 millones de pesetas en concepto de presuntas comisiones.
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