La Comisión retirará los fondos de cohesión a los países del Sur si se desmandan sus déficit en 1995

Si España incumple su propio objetivo de reducir el déficit público al 5,9% del PIB en 1995, la Comisión congelará en marzo de 1996 el acceso de sus nuevos proyectos al Fondo de Cohesión, que para ese año le reserva 210.000 millones de pesetas. Si es incapaz de bajar en 1996 al 4,4%, el castigo en 1997 podrá alcanzar la parte no comprometida de 234.0000 millones. El Ecofín (Consejo de ministros de Economía y Finanzas) de la Unión Europea apoyó ayer a la Comisión en su propuesta de rigor presupuestario anual a rajatabla, frente a lo que sostenían España. Portugal y Grecia.

Las recomendaciones de la Comisión a los 13 países que incumplen el objetivo de déficit (los únicos virtuosos son Alemania, Luxemburgo e Irlanda), son parecidas. Les conminan a cumplir sus respectivos programas de convergencia y les animan a "tomar medidas adicionales" de consolidación presupuestaria, aprovechando el crecimiento económico. Esas medidas, para España, deben ser: "una reducción de subvenciones y créditos fiscales a las empresas", la "disminución del empleo en el sector público", el refuerzo de la lucha contra el fraude y la "prosecución de la privatización de em-. presas" públicas.Pero para España, Portugal y Grecia -los tres países de la cohesión no virtuosos, excluida Irlanda- hay más. Las recomendaciones incluyen la amenaza de una retirada anticipada del Fondo de Cohesión: sin esperar Al final de 1997, en que el déficit debe reducirse al 3% del PIB. "Para este año no hay ningún riesgo, porque cumpliremos a rajatabla el objetivo", reaccionó Pedro Solbes. Apoyó su certeza sobre 1995 en que el déficit acumulado hasta final de junio se ha desacelerado: su aumento respecto al primer semestre de 1994 ha sido del 3,6%, frente a un 10% de incremento a final de mayo."La cuestión no me preocupa mucho, no me siento amenazado", aseguró, aunque añadió tampoco "ni más, ni menos arropado" por los Quince ante la discusión con los nacionalistas catalanes del Presupuesto para 1996. El ministro hizo acto de fe en que éstos entenderán tanto que la creación de' empleo pasa por reducir el déficit -y por ende, los tipos de interés-, como también que "renunciar a cumplir el objetivo del 4,4% en 1996 es renunciar a estar en la moneda única". Y dijo haber percibido un mayor acercamiento de CiU sobre este rigor necesario, por lo que tampoco prevé "problemas para el presupuesto que preparamos".

Aunque no sintiera "más arropado" su rigor, Solbes seguramente calculaba que un eventual cierre del grifo de la cohesión debería inquietar a sus titubeantes aliados: las autonomías gestionan el 10% de la parte del fondo dedicada a infraestructuras y transportes y el 40% de la del medio ambiente. "Yo quiero cumplir, si otros no quieren, es su problema", musitó el ministro español de Economía.

Estas proclamas de rigor cohabitaron con una fuerte batalla interna en el primer Consejo decisorio de la presidencia española sobre la posibilidad de que el veto al acceso al Fondo de Cohesión se pueda imponer año a año y no al final de 1997 (ver EL PAÍS del pasado sábado). El secretario de Estado alemán, Stark, aún atornillaba más. Pretendía la retirada automática a quienes no cumplan ya este año el objetivo de todo el periodo (30%).La Comisión argumentaba que si la posibilidad de castigo no se aplica año a año, sólo podría imponerlo en marzo, de 1998, sobre 1997, poco antes de que el actual Fondo de Cohesión -previsto hasta 1999- haya finiquitado. Sería un castigo pírrico, argüía. Al final incluyó la amenaza en un considerando de la recomendación, en vez de en la parte dispositiva. España -apoyada por Portugal y Grecia, y ante el silencio-de Dublín, pese a que goza de ese fondo gracias al pulso de Felipe González en la cumbre de Edimburgo- replicó que se trataba de "una cuestión de principio, y no práctica", porque cumplirá los objetivos, dijo Alfredo Pastor, el secretario de Estado español de Economía.Pastor hizo una declaración unilateral aportando argumentos jurídicos. Formales, porque resulta insólito que "una recomendación aprobada por el Consejo por mayoría cualificada, sin derecho de voto del país al que se dirige, pueda interpretar una disposición comunitaria sujeta a unanimidad", el reglamento del Fondo de Cohesión. De contenido, porque ese reglamento "no contiene ninguna referencia al respeto de objetivos anuales" sino al conjunto del periodo. "En tanto no concluya ese plazo [hasta final de 1997], España no podrá verse privada, bajo la circunstancia, del acceso al Fondo de Cohesión", concluía. Solbes remató anunciando que si con esta base se llegara a imponer la sanción -lo que cree imposible, porque asegura que "cumplirá", y por tanto no habrá motivo-, "España se reserva todos sus derechos" de acudir al tribunal.Más allá de esta polémica, la presidencia española "quedó bien", según fuentes del Consejo, en la presentación de sus priori dades para el semestre: lucha contra el desempleo mediante los programas plurianuales de cada Estado miembro; elaboración del polémico "escenario de referencia" del pase a la tercera fase de la unión monetaria; y lucha contra el fraude al presupuesto comunitario. En expedientes concretos, el Ecofin, no alcanzó el consenso sobre las transferencias transfronterizas (ver información adjunta) ni sobre el acercamiento de los tipos del IVA; pero sí sobre la armonización de criterios para el cálculo de la in flación.