El baile anual del presupuesto

"Jamás se nos ha pagado por la cabeza discutir la aplicación del Tratado de la Unión Europea". Esta afirmación, recogida en medios de la Generalitat, constituye el último clamor ya casi unánime en la coalición nacionalista CiU. Con pocas horas de diferencia, esta idea contradice al propio Jordi Pujol, jefe de filas de los nacionalistas, quien afirmó en una reciente comparecencia en el Colegio de Periodistas de Cataluña que no es absolutamente necesaria la reducción del déficit público al 4,4% del PIB en 1996. Pujol apoyaba su relajación presupuestaria en la posibilidad de que España retrase su incorporación a la disciplina de la convergencia nominal de la UE.En los dos últimos años fiscales, la crónica de la negociación presupuestaria por CiU ha presentado cambios de orientación casi simétricos en el tiempo. Partiendo siempre de un desacuerdo genérico en los primeros compases, CiU inició su aproximación al Gobierno en el presupuesto de 1994 con la cesión del 15% del IRPF, un paso hacia la real descentralización que provocó la admiración de muchos políticos europeos y la felicitación al Gobierno del canciller alemán, Helmut Kohl. Al año siguiente, el presupuesto de 1995 se desbloqueó mucho antes del trámite parlamentario, concretamente con los acuerdos para la financiación de la sanidad pública y para el despliegue de la policía autonómica -los Mossos d'Esquadra- para que realice progresivamente las funciones hasta ahora propias de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.

En esta ocasión de nuevo la contradicción es exclusivamente política, pese a su pelaje económico. Pero, además, cuenta con un factor añadido que le da mayor verosimilitud: Pujol diseña día a día su estrategia en el rebufo del desgaste socialista. ¿Por qué el presidente de la Generalitat abogó por un presupuesto menos ajustado e inmediatamente después su equipo económico aseguró que eso era imposible? Tuvo evidentes razones políticas, las mismas razones que se diluyeron al conocerse un esbozo del calendario electoral español, que sitúa en marzo de 1996 los comicios generales y por tanto permite anticipar las elecciones autonómicas en Cataluña al próximo otoño. Es decir, cuando el presidente del Gobierno, Felipe González, expuso su horizonte electoral previsible, Pujol retiró su desafío al déficit. Inmediatamente, las aguas volvieron a su cauo. Allí donde estaban al principio: al balance de la última reunión entre el ministro de Economía, Pedro Solbes, y el consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, Macià Alavedra.

Pujol mismo lo dejó claro el sábado: si el Gobierno quiere negociar el presupuesto con CiU, González debe anunciar desde ahora mismo que disolverá las Cortes el 31 de diciembre.

Solbes y Alavedra están de acuerdo en que no habrá recorte social en 1996, salvo en algunas actuaciones sobre el gasto ';'compatibles con el denominado Pacto de Toledo, que ratificó el actual sistema de pensiones", afirman medios de Economía. "No hay nada redactado", asegura el secretario de Estado Alfredo Pastor. Pero, pese a esta cautela, en el Ministerio de Economía existe el convencimiento de que la tijera sobre el gasto social, con un efecto mínimo en 1996, inicia un recorte al Estado del bienestar -disminución gradual de las transferencias a las familias- tendente a evitar un ajuste dramático en el futuro. Los expertos consideran que el gasto es el centro real de cualquier debate. La laxitud presupuestaria -pan para hoy, hambre para mañana- puede presentarse en cualquier momento del ejercicio en forma de créditos extraordinarios y, en este caso, la reducción aparente se descuadra con una desviación al final del ejercicio.

Solbes considera que la reducción del déficit a un 4,4% es lo "único innegociable del presupuesto de 1996". El ministro de Economía afirma que el objetivo del déficit sostiene los cuatro pilares del momento económico: facilita la creación de empleo, posibilita la tendencia a la baja de los tipos de interés, contribuye a la llegada del Fondo de Cohesión europeo sin reservas de Bruselas y finalmente constituye la garantía que permitirá al Gobierno afrontar el gasto social comprometido, es decir, pensiones y funcionarios.

Alavedra, por su parte, sostiene que CiU acepta la reducción del déficit. Pese a las declaraciones iniciales, el objetivo del 4,4% no será el caballo de batalla de los nacionalistas en estos presupuestos.

Tampoco, los gastos sociales. La Generalitat, eso sí, se resistirá al Gobierno en el terreno de los recortes en las inversiones y subvenciones industriales, porque es el centro de su política "de ayuda a la economía productiva", señalan medios de CiU.

Las voces económicas de Pujol desvelan el doble lenguaje de CiU. El pasado 6 de julio, cuando la tensión alcanzaba su cenit y todo anunciaba la ruptura del apoyo al Gobierno, el diputado nacionalista Francesc Homs rectificaba la posición inicial de su grupo y, en respuesta al secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor, afirmaba: "Si usted quiere colaboración para elaborar los presu-. puestos de 1996, la va a tener". Este giro abunda el europeísmo de los nacionalistas catalanes y de Pujol especialmente, que nadie se atreve a poner en duda. Pero sobre todo evidencia la ausencia de contenido económico que puede llegar a presentar la única discrepancia de fondo de CiU en tomo al presupuesto para 1996, basada en su monocorde instinto fabril al defender la economía productiva. No se puede ayudar a las empresas con un presupuesto expansivo. Este último argumento, la bisagra unívoca que ha contriubuido enormemente a acortar distancias entre nacionalistas y socialistas, ha sido expresado repetidamente en los últimos días por el mismo Alfredo Pastor. La mejor ayuda a la economía productiva son los bajos tipos de interés, que sólo se consiguen si los mercados observan un ajuste claro del déficit. Y sobre este argumento, el secretario de Estado ha solapado otro más contundente: "Europa no nos esperará a la hora de conformar el núcleo central de países de la UE que alcanzarán la Unión Económica y Monetaria prevista a más tardar para el primero de enero de 1999, y si se hiciera una excepción no sería con España".

Política industrial

Para legitimar el ritmo de lo pactos políticos, Pujol ha intensificado, a lo largo de las última semanas, sus con tactos habituales con medios empresariales y financieros. Su intervencionismo en materia de política industrial -tan vehemente como en lo asuntos culturales y lingüísticos- facilita la relación de Pujol con los agentes económicos Ahora bascula entre dos frentes: el de la gran patrona el Fomento de Trabajo Nacional -la CEOE en Cataluña-, que le exige apoyar un vigoroso recorte del gasto público y una reducción de tres puntos en la cotización empresarial a la Seguridad Social sin contrapartida sobre el IVA; y el del Instituto de la Empresa Familiar, muy atento a la eliminación de la crispación de la vida política basada en un pacto del calendario electoral y a la vez netamente partidario de la disciplina presupuestaria de la UE. Pero, sobre todo Pujol se presenta hoy mismo a un examen especialmente delicado si quiere contrastar de nuevo su hegemonía civil. El presidente catalán pronunciará una conferencia en el Círculo de Economía, una institución que desde su fundación ha defendido sin fisuras el encaje europeo de España.