La mayoría cree que el 'caso Cesid' salpica a González

EL PAÍSSiete de cada diez españoles piensan que la responsabilidad por las escuchas ilegales del Cesid también alcanza al presidente González, sobre el que el 62% piensa que no dijo la verdad cuando compareció en el Congreso para informar sobre este asunto.

Dos de cada tres ciudadanos (el 64%) piensan, además, que González debió aprovechar el reajuste de su Gabinete para realizar un cambio profundo y no limitarse a sustituir a los afectados. La modificación del Gabinete que llevó a cabo el presidente del Gobierno, Felipe González, tras la dimisión del vicepresidente, Narcís Serra, y el ministro de; Defensa, Julián García Vargas, como consecuencia del escándalo de las escuchas ilegales del Cesid, es valorada de forma crítica por la ciudadanía.

Los datos del sondeo permiten afirmar que la decisión adoptada es percibida masivamente como meramente continuista y además tardía.

Respecto al origen de los cambios, es decir, las escuchas del Cesid como detonante de la crisis ministerial, un 43% de los españoles piensa que la mayor responsabilidad corresponde a quienes las realizaron; para un 15%, a quienes las filtraron, y tan sólo un 8% piensa que los más responsables en este asunto son quienes las publicaron.

Además, el 71% de los españoles no está satisfecho con las explicaciones dadas por el Gobierno en este asunto, e incluso la mayoría (50%) piensa que el Ejecutivo estaba al tanto de las actividades ilegales del Cesid.

Sobre el episodio concreto de las dimisiones, el 78% de los ciudadanos piensa que Serra y García Vargas han hecho bien abandonando sus cargos, pero para un Porcentaje muy similar (71%) dichas dimisiones no han agotado las responsabilidades políticas exigibles.

El futuro no se contempla con optimismo en este terreno. La práctica totalidad de los entrevistados (86%) tiene la impresión de que no se ha tocado fondo en la denuncia de escándalos que pueden afectar al Gobierno.

Las opiniones se dividen a la hora de valorar si ello se debe a la existencia de un "pulso al Estado" tendente a desestabilizar al Gobierno (45%) frente a los que rechazan esta teoría conspirativa (37%). Entre los votantes del PSOE, son mayoría (53%) los que admiten el "pulso al Estado", frente al 71% de votantes del PP que no creen en tal cosa.

En cuanto a los más de veinte ex altos cargos procesados por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, un 62% de españoles estiman que serán juzgados con menos dureza de la que merecen y el escepticismo crítico alcanza al funcionamiento de la justicia, ya que un 76% piensa que no está procediendo de forma rápida y contundente.