El abogado del PP defiende a varios implicados en el 'caso Sóller'

El PP y el Gobierno balear han diseñado un mismo frente cerrado y global de defensa, que abarca también a funcionarios autonómicos y técnicos de la empresa que construye el túnel de Sóller. Los querellados y testigos del caso Sóller en la causa penal que se instruye en el Tribunal Superior de Baleares, por una denuncia de IU por presunta prevaricación contra el Gobierno balear, comparten el mismo abogado, el del Partido Popular, sin distinción de su cargo, empleo funcionarial o militancia política.Consejeros actuales y antiguos del Gobierno balear, un director general, técnicos jurídicos y de obras públicas que son funcionarios de la Administración autonómica y un ciudadano particular que es director técnico de la empresa privada que construye el túnel de Sóller han sido asistidos en sus declaraciones por el letrado Rafael Perera. Éste es militante del PP y habitual representante de este partido y del Ejecutivo insular en sus procesos judiciales.

Ayer declaró ante el Tribunal Superior el consejero de Agricultura, Mariano Socias, que era asesor jurídico autonómico cuando se concedió la primera prórroga a la concesionaria del túnel. Además testificaron una abogada de la Administración regional y el ingeniero director de la empresa privada que ejecuta las obras. Perera les acompañó en sus interrogatorios.

Defensor de Berastaín

El letrado del PP además se personó semanas atrás en el sumario del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma en representación personal del secretario general del PP y consejero de la Función Pública, José Antonio Berastaín. En esta causa, seguida por presunta estafa, falsedad y apropiación indebida contra el concesionario del túnel, Antonio Cuart, se contienen los informes periciales que documentan las supuestas comisiones cobradas por el Partido Popular.

Un especialista en derecho penal de Mallorca que solicitó no ser citado señaló que "esta, línea de defensa insinúa algún tipo de posible connivencia, un acuerdo global o el interés de tener un control estricto sobre las diversas declaraciones". La misma misma fuente jurídica aventuró: "En un momento dado, en esta causa puede producirse una contradicción de intereses. El dilema está en saber si el letrado representa al PP, al Gobierno o a sus clientes, y en caso de conflicto, por quién se decidirá.

Rafael Perera, desde el momento en que está personado en la querella -como lo está la parte denunciante IU- tiene acceso a todas las diligencias. Ayer tarde no fue posible obtener declaraciones sobre estos aspectos.

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