Prolifera el horror

LA LISTA de horrores que año tras año denuncia Amnistía Internacional en su informe sobre el estado de los derechos humanos en el mundo no deja de crecer. Ni siquiera en las sociedades organizadas, con fuerte tradición democrática y con sistemas legales sólidos, está asegurado de forma incontestable el respeto de los derechos humanos por parte de los funcionarios y agentes del poder. El retroceso amenaza siempre. Y no desaparecen las actitudes benevolentes de los Gobiernos frente a prácticas administrativas e institucionales que persisten en no respetar como corresponde los derechos y garantías de los ciudadanos.Si esto es así en países con democracias consolidadas, no digamos en aquellos otros con democracias debilitadas e inconsistentes o sometidos a férreas dictaduras. Las detenciones por motivos ideológicos y de conciencia, los encarcelamientos sin juicio previo, los juicios sin garantías, las ejecuciones, las torturas y las desapariciones siguen a la orden del día. Pero en este informe señala un hecho nuevo: la violación de los derechos humanos se ha trasladado en gran parte de la penumbra de las cárceles al cielo abierto, a los campos y las calles de las ciudades. Y ello a causa del aumento de los conflictos civiles y del desmoronamiento de los poderes civiles en numerosos Estados. El genocidio en Ruanda, el cerco a Sarajevo, el conflicto del Estado mexicano de Chiapas o la situación de Chechenia y de Argelia ilustran bien este giro hacia la violación masiva de los derechos humanos y el deslizamiento hacia el caos de numerosos Estados.

La pena de muerte legal se siguió aplicando prolíficamente en el mundo durante 1994. Y no sólo en países dictatoriales o en vías de democratización, sino en algunos plenamente democráticos. Estados tan distintos y distantes como China y EE UU se igualan en la aceptación de esta pena, al margen del número de condenados a la pena capital y de los que finalmente son ejecutados.

Respecto a España, Al sigue registrando denuncias por malos tratos. Estas denuncias, a diferencia de lo que sucedía hace no muchos años, son habitualmente investigadas. Un Estado civilizado debe asumirlas como una ayuda más para perseguir abusos que se cometen en su seno y en su nombre. Amnistía Internacional hace mención expresa de los crímenes de ETA. Su portavoz en España se unió ayer a las voces que exigen a la banda terrorista que libere al industrial vizcaíno José María Aldaya. Lamentablemente, ETA hará tanto caso a Al como cualquier bárbaro escuadrón de la muerte en remotos lugares del globo. Aunque sus colaboradores publiquen hoy con seguridad aquellos detalles del informe que puedan serles útiles para, con medias verdades, adobar sus grandes mentiras.