Un sector del Gobierno quiere aplazar la ley del aborto para no complicar las relaciones con CiU

Un sector del Gobierno propone aplazar la aprobación en el Consejo de Ministros del proyecto de ley de ampliación de los supuestos del aborto, prevista para el viernes, para no añadir nuevos obstáculos a las ya difíciles relaciones con Convergéncia i Unió (CiU). Esta posición, en la que se alineaba el ex vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y en la que se sitúa ahora el Ministerio de la Presidencia, que va a heredar de Serra las relaciones con los naciona listas, cree que la aprobación de la ley no es básica para reafirmar la identidad política del PSOE y, por el contrario, añade nuevos problemas a las ya complicadas relaciones con CiU, firmemente opuesta a la aprobación del proyecto.

Este proyecto de ley coloca al Gobierno en un auténtico dilema. El propio Felipe González se comprometió a aprobarlo en Consejo de Ministros antes de finalizar el actual periodo de sesiones. La última oportunidad se presenta, por tanto, en la sesión del próximo viernes. Su aplazamiento originaría el incumplimiento de un compromiso.En la dirección de mantener la palabra se sitúa el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, al que ayer se unió el de Obras Públicas y Transportes, fosé Borrell. Borrell dijo en Lleida que el PSOE no puede ser rehén de CiU. "El Gobierno tiene sus propios criterios. No habiendo un Gobierno de coalición ni un programa legislativo pactado, sino un apoyo coyuntural en función de las circunstancias de cada caso, ningún grupo político puede decir que veta las iniciativas del Gobierno en cualquier materia, sea el aborto o cualquier otra".

Desde el Ministerio de la Presidencia se apuesta por retrasar la aprobación del proyecto, al menos hasta la segunda quincena de julio -lo que significaría dejarlo para el próximo periodo de sesiones del Congreso- para no contribuir a enturbiar más el debate que CiU tiene previsto para el próximo 17 de julio. Los nacionalistas catalanes harán balance de sus relaciones con el Gobierno y tomaran posiciones sobre la conveniencia de continuar apoyando o no al Gobierno de González.

Es Unió Democrática de Catalunya (UDC), el partido democristiano coaligado con el de Pujol, el que rechaza de manera más contundente el proyecto. Ayer, el secretario general de CDC, Miquel Roca, se limitó a calificar de "inoportuna" la pretensión del PSOE de aprobar esta ampliación de ley en la actual coyuntura política. Roca, no obstante, no incluyó este proyecto entre las cuestiones "fundamentales" que ponen en peligro el acuerdo de gobierno entre socialistas y nacionalistas catalanes, informa .

Los movimientos sociales se muestran críticos ante la actitud del Gobierno. La Federacción Estatal de Mujeres Sepa radas y la Federación de Mujeres Progresistas mostraron su malestar porque el Consejo de Ministros no estudió el pasado viernes el anteproyecto de ley. Ambas asociaciones han puesto de relieve el "incumplimiento" del compromiso que adquirió el Ejecutivo de enviar la ley a las Cortes antes de que acabara junio. El coordinador de la presidencia de Izquierda Unida, Marlano Santiso, afirmó ayer que la polémica levantada sobre este proyecto de ley es "sólo un pulso entre Jordi Pujol y Felipe González ante la opinión pública para demostrar quien manda más".

La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), que regula el papel de los gobernadores civiles y de la organización periférica del Estado de las autonomías, es otro incumplimiento cantado del Gobierno. También es un proyecto cuyos borradores han enfrentado al Ejecutivo con sus aliados nacionalistas de CiU.

Comprometido el proyecto por González para el 30 de junio, tampoco verá la luz antes de la segunda quincena de julio e incluso es posible que se aplace a septiembre, en tomo a las fechas del debate en el Senado sobre el estado de las autonomías.

El proyecto de la LOFAGE lo controlaba directamente el vicepresidente del Gobierno, en conexión con el relevado ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra. Serra tenía previsto, a su regreso de Colombia el pasado 13 de junio, ultimar los borradores de los que disponía Saavedra, pero el escándalo de las escuchas telefónicas ilegales lo paralizó.

La última propuesta de Saavedra otorgaba a los delegados del Gobierno la representación política en las comunidades autónomas y asignaba a los gobernadores civiles la coordinación de las competencias del Estado dispersas en la provincia, con un carácter preponderantemente técnico.

La posibilidad de cambiar la denominación de los gobernadores civiles, exigida por los nacionalistas catalanes y vascos, quedaba a expensas de la tramitación parlamentaria, según la última propuesta que el secretario de Estado de la Administración Pública, Constantino Méndez, envió a Saavedra.