La madre de todas las batallas

Acabado el estéril debate parlamentario sobre las escuchas del CESID; elaborado el lamentable nuevo Gobierno; hecha pública en los iritersticios de los dos acontecimientos anteriores la asombrosa operación Endesa-BCH (de máxima importancia; inaugura una política industrial diferente, de sentido contrario a la que se estaba practicando), si no emergen nuevos escándalos, la próxima batalla será la de los Presupuestos.De la aprobación de los correspondientes a 1996 depende que el Gabinete baje un escalón más en su grado de credibilidad (aún puede) o que se presente a la convocatoria de próximas elecciones con una pizca de coherencia en la política económica a largo plazo, que aproveche a quien le suceda, en beneficio de los ciudadanos.

Ha sido un acervo clásico afirmar que los presupuestos de un país eran el principal instrumento de su política económica. Cada vez menos; no sólo por la incidencia de los mercados, sino porque la internacionalización determina externamente muchos de los capítulos presupuestarios.

Aprobadas las condiciones de convergencia firmadas en Maastrích',, como método para llegar a la Unión Económica y Monetaria, los Presupuestos de 1996 constriñen el cuadro macroeconómico a unos objetivos sin discusión: inflación, déficit público, tipos de interés y grado de endeudamiento no serán materia de debate entre las distintas fuerzas políticas. Nuestra implicación en Europa determina el resultado del Presupuesto; se elabora de abajo arriba; sabido que el déficit público no debe superar el 4,4% del PIB, las fuerzas políticas sólo pueden diferenciarse en su distribución.

La rigidez se extrema si, además del resultado, se le añaden los compromisos adquiuridos (los intocables); salarios de los funcionarios, pensiones, desempleo, transferencias a las comunidades autónomas, sanidad, etcétera. Lo que implica, en resumen, que el presupuesto sólo se cambia de modo sustantivo aumentando los ingresos -ímpuestos- o disminuyendo (en la parte que no esté comprometida) la inversión pública. Descartado por motivos políticos lo primero, sólo resta limitar la inversión pública nueva.

Independientemente de que, al hacerlo, los socialistas se desentiendan de su programa electoral, el parón de la inversión pública conlleva un tipo de sociedad concreto: se opta por mantener los niveles del pequeño Estado del Bienestar español a costa del crecimiento de la riqueza, y por lo tanto del empleo, que se genera a través de la actividad pública.

Esta es la verdadera discusión y ya ha habido opiniones, generalmente procedentes del mundo empresarial o académico, que entienden que esta opción política gangrena el crecimiento futuro. Para estas voces no hay que limitar la inversión pública sino el gasto social; para los sindicatos no se puede tocar el gasto social y hay que aumentar la inversión pública y generar empleo; para el Gobierno, el objetivo del déficit público del 4,4% es algo irrenunciable; para Jordi Pujol, se puede flexibilizar en el tiempo el dato del déficit, a favor de ayudas a la economía real (empresas); y el PP se pregunta, mientras tanto, cuál es el verdadero porcentaje del déficit, sin descubrir sus auténticas cartas de ajuste. No habiendo dinero para todo, esta es la madre de todas las batallas.