Bono califica el acueducto Tajo-Segura de "fracaso histórico fruto de la dictadura"

Un informe del Gobierno de Castilla-La Mancha sobre la improcedencia de un trasvase del Tajo al Segura califica el acueducto, inaugurado en 1979, de "fracaso histórico", fruto de haber sido "gestado y realizado en la dictadura..." y lamenta que su convalidación en la democracia actual se haya hecho "sin convencimiento y permitiendo que un velo de silencios y omisiones impida a la opinión pública asumir su experiencia".

El documento, avalado por el consejero portavoz del Gobierno que preside José Bono, responde a la solicitud del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura para que conceda un trasvase de socorro de 55 hectómetros cúbicos, con los cuales se evitaría la muerte de los árboles frutales en un territorio al que se le prometió en su día una aportación anual superior a los 600 hectómetros.

"Debe rechazarse por motivos dé legalidad y oportunidad política", dice en su primera conclusión el documento del Gobierno castellano-manchego. Desde que asumió la presidencia, en 1983, el socialista José Bono ha recurrido todas las concesiones de trasvases para regadíos. Unas concesiones cuya media anual ronda los 350 hectómetros, de los cuales 135 se destinan a los abastecimientos de toda la comunidad autónoma de Murcia, varias poblaciones de Albacete y Alicante -incluida su capital- y el noreste de la provincia, de Almería.

El informe critica la gestión que se ha hecho del acueducto y hace responsables a sus titulares -Ministerio de Obras Públicas en último término- de haber generado una tensión social y política que va en aumento.

Con este fracaso total del acueducto como precedente, el Gobierno de Castilla-La Mancha reivindica para las comunidades autónomas la capacidad para configurar la voluntad del Estado en materia de aguas.

Mientras el Gobierno plan tea esta cuestión como, una negociación entre las cuencas, el presidente manchego duda que de este diálogo surja el acuerdo necesario para el gran pacto " sobre el agua que sería el plan hidrológico nacional, porque "se trata de organismos dependientes de la misma autoridad, que están ayunos y ajenos a cualquier proceso de control y aun participativo de la ciudadanía".