González acepta "con sentimiento" la dimisión de Manglano como director de los servicios secretos

El presidente del Gobierno aceptó ayer "con verdadero sentimiento" la dimisión del director general del Cesid, teniente general Emilio Alonso Manglano, quien presentó su renuncia el pasado lunes tras estallar el escándalo de las escuchas ilegales realizadas por el principal servicio secreto español. El fiscal general del Estado, Carlos Granados, tiene ya el encargo del Ejecutivo de actuar contra el responsable de la sustracción de las cintas. En su comparecencia a puerta cerrada ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, puso nombre al principal sospechoso: el coronel Juan Perote, ex responsable de la Agrupación Operativa del Cesid y amigo del ex banquero Mario Conde. El Gobierno dará explicaciones en el Pleno del Congreso la semana próxima, previsiblemente, por boca de Felipe González.

Al término de la reunión que, por espacio de tres horas y media, mantuvo con la comisión, Narcís Serra anunció públicamente que Felipe González había aceptado "con verdadero sentimiento" el cese del militar que durante 14 años ha dirigido a los espías españoles, no sin recordar que éste ha prestado "servicios impagables" a la democracia española."Por el momento", según sus palabras, éste es el único cese derivado del caso, ya que ni él ni el ministro de Defensa, Julián García Vargas, que le acompañó ante la comisión y fue testigo mudo de la rueda de prensa, se han planteado la dimisión. A puerta cerrada ambos habían descartado expresamente la posibilidad de abandonar sus cargos.

El Gobierno ha pedido comparecer la semana próxima ante el pleno del Congreso para debatir el escándalo. Aunque la intención inicial es que el vicepresidente afronte el debate, Serra no excluyó que sea el propio González quien ofrezca las explicaciones, y pospuso la decisión definitiva hasta hoy.

Públicamente, Serra y García Vargas eludieron señalar al presunto responsable del espionaje a destacadas figuras de la vida pública española, incluido el Rey, ya que sólo cuentan con "hipótesis de trabajo, no confirmadas". A puerta cerrada, los dos miembros del Gobierno sí apuntaron al principal sospechoso: el coronel Juan Alberto Perote Pellón, responsable durante diez años de la Agrupación Operativa del Cesid, la sección encargada de las acciones clandestinas del centro.

Según la versión que ofrecieron, Perote traicionó la confianza depositada en él por Manglano, quien le había fichado para el servicio secreto en 1982, poco después de asumir la dirección del mismo. Perote grabó conversaciones privadas, sin relación alguna con los objetivos del Cesid, que tiene encomendada la defensa de la seguridad del Estado frente a amenazas exteriores o interiores.

El coronel, que fue separado del centro en noviembre de 1991, se llevó consigo copia de las grabaciones, así como numerosos documentos secretos, cuya cuantía e importancia desconoce todavía el Gobierno, y recientemente las habría hecho llegar al diario El Mundo a través de una tercera persona, a la que no se aludió por su nombre, aunque quedó claro que se trataba del ex presidente de Banesto Mario Conde.

El primer indicio que tuvo el centro de la tormenta que se avecinaba fue la publicación, en marzo pasado, de la existencia de una cinta grabada al ex presidente Adolfo Suárez durante la visita que realizó al Cesid en 1978 y de la que, en un primer momento, se responsabilizó al ex agente secreto José Luis Cortina. Ya en mayo, el nombre de Perote apareció en la lista de testigos propuestos por Mario Conde en el caso Crillón, para probar que el informe sobre sus negocios fue encargado por Serra y pagado con los fondos reservados del Cesid. El pasado martes, Perote y Conde se reunieron en secreto en Madrid en un chalé del ex director general de Banesto e íntimo amigo de Conde, Fernando Garro.

Aunque Serra y García Vargas reconocieron la dificultad de probar estas imputaciones, anunciaron a los diputados que el Gobierno ha instado al fiscal general del Estado para que actúe contra el coronel como presunto autor de un delito de revelación de secretos, castigado por el Código Penal Militar con hasta 10 años de cárcel. Ante los periodistas, la única mención que hizo Serra a Perote fue para recordar que éste ha calificado la difusión de los documentos del Cesid de "batalla dentro de una guerra" y preguntarse por el sentido de estas palabras.

El vicepresidente y el ministro aseguraron, durante su reunión con los parlamentarios, que se está echando un pulso al Estado democrático mediante la utilización con fines de chantaje político de estos documentos sustraídos al servicio de información.