Una huelga interminable

TAMPOCO ESTA vez ha tenido éxito la negociación entre los médicos en huelga de los hospitales del Insalud y la Administración. La Federación de Hospitales de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) -organización promotora de la huelga- ha desautorizado la firma del documento negociado con el Insalud, en el que parecía articularse un principio de acuerdo para poner fin a un conflicto que se aproxima a su sexta semana sin viso alguno de solución.De nada ha servido el estilo más discreto empleado por los negociadores médicos en el estudio del documento negociado con el Insalud. Ni que, escaldados por la indiscreción y el tono triunfalista que dio al traste con el texto anterior, optaran en esta ocasión por el mayor de los sigilos. La asamblea de médicos de hospitales ha dicho que no al acuerdo. Ahora deberán dar muchas y convincentes explicaciones a sus pacientes sobre una actitud que prolonga todavía más el calvario asistencial.

La CESM se ha manifestado ahora incluso a favor de un pacto global para la mejora de la sanidad pública. Nunca es tarde para los buenos propósitos, incluso si se manifiestan después de cinco semanas de un conflicto que tiene bajo mínimos a la sanidad pública. Pero la cuestión es que la Administración les pide bastante menos como contrapartida al aumento de las retribuciones y, sin embargo, se han negado a ello hasta el momento. Más que proponer pactos globales, lo que tendrían que hacer los huelguistas, para terminar de una vez con el conflicto, es aceptar algo tan elemental como que cualquier mejora retributiva debe vincularse a concretos y claros objetivos de una mayor eficiencia en la atención de los pacientes.

Ésa es la clave. Y además, ésos son los términos en que se planteó desde el principio la negociación para poner fin a la huelga. Los médicos no han ocultado, que su reivindicación tiene fundamentalmente carácter económico. Recurrieron a la huelga invocando el agravio comparativo en relación a sus colegas mejor pagados de las comunidades autónomas que tienen transferida la gestión de la sanidad pública. De ahí su petición de una subida de 100.000 pesetas mensuales que la Administración consideró desde el principio inasumible para los presupuestos. De ahí también la exigencia por parte de la Administración de algún tipo de contrapartida de los médicos al aumento salarial de 30.000 pesetas mensuales que se les ofreció incluso antes de iniciada la huelga. En esa especie de toma y daca está el meollo de la negociación para resolver el conflicto desencadenado el 8 de mayo.

Un pacto global para la mejora de la sanidad pública es sin duda conveniente y necesario. Pero de lo que se trata ahora es de que los médicos estén dispuestos a poner algo concreto de su parte a cambio del aumento salarial de 30.000 pesetas mnsuales que la Administración les asegura para lo que queda de 1995 y, probablemente, también para los ¿los años siguientes. Un esfuerzo profesional que debe materializarse no en grandes propuestas de mejora del sistema sanitario público, sino sencillamente en la reducción del número de enfermos que esperan su turno en los quirófanos y en los consultorios externos especializados.

Ha sido la manifiesta repugnancia de los huelguistas a asumir cualquier compromiso en ese terreno lo que ha provocado que el conflicto siga en estos momentos. Si el pacto global incluye la ceptación de las propuestas concretas que les exige la Administración, ello significaría un cambio radical en su inicial actitud. Entonces, el fin de la huelga estaría próximo. No se trataría de una mera estrategia de diversión para seguir rehuyendo compromisos concretos, absolutamente inadmisible desde el punto de vista médico-deontológico aunque no lo fuera desde el sindical.

El primer deber de los huelguistas y de la Administración es que no siga un día más un conflicto que aumenta las ya largas listas de espera -aplazamiento de casi medio millón de consultas y de más de 20.000 intervenciones quirúrgicas- y que amenaza con sumir en el caos a todo el sistema sanitario público. Los pasillos atiborrados de enfermos en varios hospitales y la duda razonable de si algún fallecimiento de enfermos en espera de intervención no ha sido precipitado por la ilógica prolongación de la huelga deberían ser argumentos suficientes para, como mínimo, pactar una vuelta a la normalidad asistencial, aunque haya que seguir negociando los puntos en que el acuerdo no es total.