Cuando dos más dos no suman cuatro

"No es que no podamos gastar, lo que no podemos es pagar". La frase, pronunciada a finales de abril en el Senado por el entonces secretario de Estado de Defensa, Antoni Flos, aludía a un artificio contable consistente en trasladar al siguiente ejercicio el abono de obligaciones contraídas con cargo al presupuesto vigente, pero reflejaba, más allá de su intencionalidad, el grave problema al que se enfrentará el Ministerio de Defensa antes de que acabe el decenio.Los responsables del departamento han intentado compensar a los ejércitos y la industria de la penuria económica de los últimos años con la firma de contratos plurianuales de escaso coste inicial, pero fuerte compromiso futuro. En octubre del año pasado, por ejemplo, el volumen de obligaciones comprometidas por Defensa ascendía a 334.000 millones de pesetas, más del doble del total del capítulo de inversiones para este año.

Con sólo 5.000 millones, el Ejército de Tierra ha iniciado en 1995 hasta 16 programas distintos. Entre ellos, la adquisición del vehículo de caballería Pizarro, que se ha contratado con 280 millones de pesetas, pero en el que habrá que gastar 114.000 millones en siete años.

El presupuesto de Defensa para 1995 ronda los 850.000 millones, en torno al 1,2 % del Producto Interior Bruto (PIB). Aunque el Congreso aprobó en julio de 1991 aumentar los gastos militares hasta el 2 % del PIB a final de siglo, el Plan Estratégico Conjunto (PEC), recientemente aprobado por el Gobierno y más realista, se fija como objetivo el 1,75 %. Pero ni siquiera este incremento, que equivale a unos 350.000 millones de pesetas, parece viable a la luz del proyecto de presupuesto para 1996, que será, en la hipótesis más optimista, idéntico al actual.

Diversos expertos coinciden en que los programas que deben afrontar las Fuerzas Armadas en el futuro inmediato "no caben" en el actual marco presupuestario de Defensa, abocado a un cambio radical de planteamientos o al colapso.

Como muestra, un botón: en 1996 debe darse la orden de construcción de las cuatro fragatas F-100 para que puedan ser botadas entre el 2001 y el 2004, cuando los buques de la clase Baleares, a los que deben sustituir, se aproximen a los tres decenios de vida. El coste del programa es, sin embargo, disuasorio: alrededor de medio billón de pesetas, unos 70.000 millones anuales frente a los 46.000 que tiene la Armada este año para todas sus inversiones.

En el Ministerio de Defensa se está buscando una fórmula para salir de este atolladero y la solución que se baraja parece un atentado a la aritmética: en vez de cuatro fragatas, se encargarían "dos más dos". La diferencia entre "cuatro" y "dos más dos" resulta fundamental: la segunda fórmula, al contrario que la primera, no implica el compromiso de comprar cuatro fragatas, sino sólo un par, aunque mantiene la opción de contratar más adelante las dos restantes.

La desventaja está en que si al final se hacen las cuatro, como parece inevitable, pues lo contrario causaría una gravísima crisis en el astillero de Bazán, en Ferrol, saldrán más caras, ya que el precio no es el mismo si se compran equipos para cuatro barcos que para la mitad.

Más difícil resultará a Defensa afrontar el programa EFA, el futuro avión de combate europeo, en el que ya ha invertido 118.000 millones de pesetas. Antes de que, en el año 20011 reciba su primer avión, España deberá gastar otros 266.000 millones mas, correspondentes al final de la fase de desarrollo y a la preparación para la producción.

Finalmente, en los 13 primeros anos del próximo siglo tendrá que abonar los 87 aviones que se ha comprometido a adquirir por 470.000 millones, apoyo logísitico incluido. Ello supone que durante los próximos 18 años habrá que pagar como media 40.000 millones anuales.

Por su parte, el Ejército de Tierra, el pariente pobre de las Fuerzas Armadas durante el último decenio, también ha reclamado su parte, que se concreta en 60.000 millones anuales para ejecutar el Plan Norte. Algunas inversiones, incluida la compra de los Leopard, resultan discutibles, pero otras son inaplazables, como la renovación del parque automovilístico del Ejército, que acaba de dar de baja sus vehículos de más de 20 años, verdaderos peligros de la carretera.

En febrero pasado, con motivo del último recorte presupuestario, el jefe del Estado Mayor del Ejército, José Faura, dirigió una carta al secretario de Estado de Defensa en la que exponía con franqueza sus temores: "El Plan Norte ha supuesto un fuerte sacrificio personal y colectivo en aras a conseguir una mayor operatividad de dicho ejército. Por ello, ocasionaría una gran decepción y frustración ver que el segundo pilar del plan, la potenciación de los medios, materiales y recursos, no es posible realizarla por la continua minoración de recursos financieros".