Orefici siguió recibiendo dinero público pese a que no pagó ni el primer plazo de la compra de Intelhorce

El Ministerio de Economía y Hacienda siguió aportado dinero a Intelhorce pese a que su comprador, Giovanni Orefici, no cumplió ni el primer pago de la cantidad global de 2.000 millones estipulada como precio de venta de la factoría. En sendas declaraciones hechas por separado ante el juez, el entonces subsecretario de Economía, Enrique Martínez Robles, y el ex director del Patrimonio Luis Alcaide han reconocido que no se suspendieron las 4yudas previstas,, pese a que Orefici no cumplió ningún de las obligaciones que contrajo al hacerse cargo de la empresa.

De acuerdo con el sumario, Martinez Robles, actualmente secretario de Estado de Hacienda, declaró ante el juez el pasado 22 de mayo que el seguimiento de la privatización de Intelhorce estaba a cargo de la Dirección General del Patrimonio, que dependía de él a efectos jerárquicos. Martínez Robles afirmó que fue informado por Alcaide que no se había efectuado el primer pago: "La actitud que mantenía la dirección del Patrimonio era la de la vigilancia, pero a la vez la de la prudencia para no entorpecer la marcha de la, empresa".Economía realizó cinco pagos a Intelhorce por un total de 5.869 millones. De esta cantidad, que fue la inyección de capital comprometida por Economía con el comprador de la empresa Giovanni Orefici, 1.869 millones eran de libre disposición y fueron entregados en el momento de la compra, aunque se utilizaron irregularmente en contragarantizar el aval que se les requirió para la operación. Los altos cargos de Economía que han declarado hasta la fecha, incluido el en tonces ministro, Carlos Solchaga, aseguran que no llegaron a enterarse de esta utilización irregular.

El pago de los "otros 4.000 millones debería hacerse de forma escalonada a medida que Orefici fuera cumpliendo una serie de objetivos en el plan de relanzamiento de la empresa. Patrimonio admitió que parte de sus entregas fueran aplicadas a cubrir deudas "en interés por contribuir a la viabilidad de Intelhorce y en buena voluntad de solucionar los problemas financieros sobrevenidos".

Patrimonio siguió aportando dinero pese a que Orefici tampoco cumplió sus compromisos como comprador. No sólo no desembolsé la ampliación de capital de 2.000 millones a la que le obligaba el contrato, sino que tampoco pagó una sola peseta del precio estipulado. El 1 de junio de 1991 debía haber atendido el primer plazo de la compra, 700 millones de pesetas, pese a lo cual, 20 días más tarde Patrimonio le autorizó á disponer de los 1.011 millones que aún quedaban pendientes de entrega. Según ha declarado el entonces director del Patrimonio ante el juez, Luis Alcaide, "el incumplimiento por su parte no podía significar que Patrimonio incumpliese las estipulaciones del contrato de compraventa" y que las entregas de dinero eran a la empresa y no a los accionistas".

Mientras, el juez ha empezado a investigar el patrimonio de varios de los implicados. El alto cargo del Ministerio de Economía y Hacienda José Miguel Moreno García aumentó su patrimonio "a niveles espectaculares" entre 1989 y 1992, según un informe de la policía contertido en el sumario.

Comisiones

Moreno García como presidente de Improasa -empresa dependiente de Patrimonio del Estado-, fue quien emitió los informes favorables a la adjudicación de Intelhorce a Giovanni Orefici, y está actualmente en prisión acusado de cobrar una comisión "que no fue menor" a 15 millones de pesetas. La policía ha evaluado en 100 millones de pesetas el valor del "lujoso chalet" que Moreno García posee "en una de las zonas más caras" de Madrid.El juez también investiga el patrimonio de José Manuel Muñiz, hombre de confianza de Orefici en Intelhorce, que, además de sus remuneraciones como directivo pudo obtener mediante facturas que el juez considera falsas más de 300 millones de pesetas. Muñiz, también en prisión, adquirió durante la etapa que estuvo vinculado a Intelhorce un chalet de 2.400 metros en la lujosa urbanización de Guadalmina (Marbella). Otra línea de investigación abierta afecta al ex secretario federal del textil de UGT Celestino González Guerra.