González se reunirá con Pujol para revisar la política autonómica

El presidente del Gobierno, Felipe González, y el de la Generalitat, Jordi Pujol, se reunirán en breve para analizar de qué modo afecta a su política de pactos autonómicos el nuevo mapa político surgido de las elecciones del domingo. Gobierno y Generalitat coinciden en su preocupación de que el crecimiento electoral del PP, traducido en nueve o diez gobiernos autonómicos, frente a cuatro del PSOE, interferirá en su política de pactos al reducirse su margen de maniobra. Pujol y el vicepresidente, Narcís Serra, ya han mantenido una primera conversación sobre este tema.

La presencia de al menos nueve consejeros del PP sobre los 17 del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el organismo que establece la política de financiación de las comunidades autónomas, puede condicionar cualquier iniciativa conjunta del PSOE y CiU cuando se está a las puertas de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica.La nueva relación de fuerzas hubiera impedido hace dos años la cesión a las comunidades del 15% del IRPF, que fue una de las claves del apoyo de Pujol a González. El presidente del PP, José María Aznar, se opuso al acuerdo, pero sus consejeros autonómicos no consiguieron imponer su rechazo debido a su condición minoritaria.

Gobierno y Generalitat temen que el mayor peso político del PP obstaculice traspasos de competencias complejos, como es el caso del tráfico, que reclama Jordi Pujol a la Administración central y que no está incluido en el Estatuto catalán.

La solución a este problema requeriría una ley orgánica, aprobada en el Congreso por mayoría absoluta, pero el Gobierno teme desencadenar una réplica masiva de los presidentes autonómicos del PP. Algunos responsables autonómicos populares, como el catalán Jorge Fernández, ya han expresado su oposición a ese traspaso.

Ayer se refirió a este problema el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y no dudó en calificarlo de "bastante complicado". "Habría que estudiar si dentro del modelo policial general es razonable que la materia de tráfico pueda ser competencia de las comunidades que tengan policía propia. Ni desde el punto de vista jurídico ni político es sencillo. Por eso lo estamos estudiando en una comisión entre Justicia y la Consejería de Gobernación de Cataluña".

"Elecciones y compromisos"

Josep Antoni Duran, presidente de UDC, partido coaligado con Convergéncia, puso en duda la capacidad del Gobierno para cumplir sus compromisos ante el temor de una reacción de un reforzado PP. "No hay que hablar de elecciones, sino de compromisos, y hay que consumar pasos. Lo primero es ver si el Gobierno aún está en condiciones de cumplir compromisos", dijo Duran.

En el Gobierno existe el temor de que el cumplimiento de los compromisos con la Generalitat dispare las reivindicaciones en las nueve o diez comunidades en las que antes de un mes gobernará el PP. El Gobierno tendrá que pronunciarse en septiembre sobre un nuevo paquete de reclamaciones de la Generalitat, entre las que figuran el personal de Administración de la Justicia y las políticas activas del Inem.

El Ejecutivo teme una reacción mimética de algunas autonomías gobernadas por el PP. Recuerda lo sucedido hace más de un año en Aragón, dónde los partidos exigieron una reforma del Estatuto que incluyera las mismas competencias que las comunidades del 151, incluidos los conciertos económicos del País Vasco. O cómo el presidente balear, Gabriel Cañellas, del PP, está reclamando un sistema de cupo como el vasco.

También preocupa al Gobierno un rebrote de las tensiones linguísticas y un enconamiento en las relaciones de Cataluña y la Comunidad Valenciana, que será gobernada por Eduardo Zaplana (PP).