Pensiones y Parlamento

El cretinismo parlamentario fue un concepto utilizado por Lenin para calificar a quienes confiaban en demasía en el papel central del Parlamento, a la hora de transformar la sociedad. En España padecemos del vicio opuesto: la marginación del Parlamento y la actuación de las fuerzas políticas, en muchas ocasiones, fuera del organismo representante de la soberanía de los ciudadanos. Y, sin embargo, cuando en el pasado mes de febrero los partidos polílticos llegaron a un consenso parlamentario sobre el futuro de las pensiones -el pacto de Toledo-, algunos de los que se lamentan del escaso papel habitual del Congreso de los Diputados levantaron su voz acusando a los firmantes de cretinismo parlamentario. Curiosa paradoja.El pacto de Toledo es el compromiso de todos los partidos políticos para mantener el actual sistema de pensiones y garantizar el pode¡ adquisitivo de las mismas. Este acuerdo tiene dos aspectos, el técnico y el político. En cuanto al primero, los datos son los siguientes: algo más de 6,5 millones de ciudadanos. recibieron durante el año 1993 pensiones de la Seguridad Social cuyo valor medio fue de 55.800 pesetas; de éstos, más de tres millones cobré una pensión de jubilación cuya cantidad media mensual ascendió a 64.000 pesetas; en torno a 200.000 españoles cobraron una pensión no contributiva media de 31.530 pesetas; los pensionistas asistenciales fueron 276.561, que cobraron 25.000 pesetas como media; algo más de 200.000 personas cobraron 24.400 pesetas al mes de subsidio de garantía de ingresos mínimos (atención a minusválidos). Ésta es la magnitud del asunto.

Las limitaciones económicas para cumplir el pacto de Toledo son conocidas por todos (incluso por los políticos firmantes): insuficiente crecimiento económico; limitada capacidad de empleo; manifiesto deterioro de las finanzas públicas (la crisis fiscal del Estado), etcétera.... Y la evolución demográfica en España, con una reducida tasa de natalidad que reduce el número de contribuyentes, y, al mismo tiempo, un aumento de la esperanza de vida que prolonga el periodo de percepción de las prestaciones. En España, el envejecimiento de la población es más rápido que el promedio del resto de los países europeos, y la capacidad de generación de empleo significativamente inferior.

Polémica economicista

Todos estos límites eran previos y supongo que analizados exhaustivamente por quienes han consensuado el mantenimiento del sistema de pensiones. Por tanto, la polémica deja de ser técnica, meramente economicista, y hay que abordar el aspecto político del pacto de Toledo: si la evolución de las pensiones está acordada y deja de ser una variable cuando se elaboren y se discutan los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio, el debate se traslada al resto de las partidas susceptibles de ser disminuidas y de generar sacrificios en los contribuyentes.

Lo que diferenciará a unos partidos políticos de otros será su propuesta sobre los ingresos (aumentar los impuestos o no) y en qué partidas presupuestarias meterán el bisturí: ¿en seguro de desempleo?, ¿en cultura?, ¿en sanidad o educación?, ¿en los gastos corrientes, es decir, en los sueldos de los funcionarios?, ¿en las cantidades dedicadas al Ejército?, etcétera...

El pacto de Toledo tenía como objetivo, en definitiva, sacar a las pensiones de la polémica pública (con escaso éxito, como se ha visto en la campaña electoral que termina hoy), convertir su monto en una constante sea quien sea quien gobierne, y desviar hacia otros conceptos las diferencias ideológicas sobre la política económica y sobre los programas de gobierno. Que se pronuncien sobre ellos.