Las autonomías pactaron ocultar en la campaña un plan de tres años para recortar el déficit en un 69%

Los parlamentos autónomos que salgan de las elecciones del 28 de mayo y los que permanecen -Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco- deberán afrontar hasta 1997 un recorte en sus déficit de casi un 69, 1% en relación con las cifras de 1994. Pero este drástico recorte -de 471.471 a 145.644 millones- no impedirá que el endeudamiento autonómico continúe creciendo, ya que en el mismo periodo se incrementará en 860.000 millones: de 3,36 a 4,22 billones. Este plan de tres años, fue acordado en marzo en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que también se llegó a un pacto de silencio para no hacer pública la distribución de este esfuerzo por comunidades. Se pretendía así evitar que este asunto enturbiara el debate electoral.

El esfuerzo para combatir el déficit será superior a la media en Cataluña (86,4%) y Extremadura (84,2%), y muy inferior en Asturias (30,6%) y Galicia (52,3%). Este pacto de silencio está contribuyendo, junto con el desinterés de los principales líderes nacionales por abordar temas autonómicos y municipales, a nacionalizar la campaña electoral.El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Francisco Peña, calificó ayer de "fraude" la campaña por relegar al olvido el debate municipal y autonómico. "Me parece preocupante por lo que tiene de antidemocrático que no se hable para nada de ello, cuando lo que se van a elegir son los alcaldes y los presidentes autonómicos, y no la carrera política de Aznar", dijo Peña a este periódico.

Joaquín Almunia, portavoz parlamentario del PSOE, y Mariano Rajoy, vicesecretario general del PP, han coincidido en la necesidad de los planes autonómicos de austeridad, pero apuntan que el problema de fondo se resolverá cuando las comunidades se responsabilicen de la recaudación de impuestos, con la implantación de un sistema de corresponsabilidad fiscal.

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera -que integran los ministros de Economía y Hacienda, y de Administraciones Públicas, junto con los consejeros de Economía y Hacienda de las 17 comunidades-, del pasado mes de marzo, sirvió para alcanzar un compromiso de austeridad y lanzar un mensaje en este sentido a los mercados financieros, que en aquellos momentos arreciaban en su presión contra la peseta.

Tras la reunión, el titular de Economía, Pedro Solbes, informó de que todas las autonomías habían aceptado reducir sus déficits del 0,7% del producto interior bruto (PIB) en 1994 al 0,18% en 1997. El ministro no contestó, sin embargo, a la pregunta de cómo se distribuía ese esfuerzo por comunidades y argumentó que había retoques pendientes.

Fuentes del ministerio y de las consejerías indicaron posteriormente que las cifras de ajuste presupuestario de cada comunidad no se harían públicas oficialmente hasta después de las elecciones. Esta decisión, aceptada por la Administración central, fue adoptada a petición de los representantes autonómicos.

La restricciones presupuestarias que impone este compromiso tendrán que permitir reducir el déficit de las 17 autonomías desde los 471.471 millones de 1994 hasta 145.644 millones en 1997, un descenso del 69,1 %. Según la distribución acordada (ligeramente retocada en negociaciones bilaterales posteriores entre Hacienda y cada autonomía), el esfuerzo será superior a la media en Cataluña (86,4%), Extremadura (84,2%), Canarias (82,8%) y Aragón (80,6%), e inferior a la media en Asturias (30,6%), Galicia (52,3%) y País Vasco (54,2%).

El nivel de endeudamiento, es decir, el volumen de títulos emitidos por las autonomías y colocados en los mercados para financiar ese déficit, pasará de 3,36 billones de 1994 a 4,22 billones en 1997, según el escenario acordado. La deuda aumenta a pesar de que dismunuye el déficit porque ésta se acumula año a año según los vencimientos.

Programa de convergencia

En todo caso se trata de un aspecto poco "amable" como para que ninguno de los partidos en liza lo haya aireado en esta campaña. La duda es si este plan se respetará cuando se produzca el previsible vuelco en la mayoría de los parlamentos autonómicos. Hacienda tiene la sartén por el mango, ya que en esa reunión del Consejo de Política Fiscal se decidió que el incumplimiento de este "escenario de consolidación presupuestaria" acarrearía la pérdida de los fondos de cohesión provenientes de la UE.

Un acuerdo del Consejo de Ministros estableció en enero de 1995 que, en caso de indisciplina presupuestaria, la comunidad responsable no recibiría autorización para endeudarse.

Sin embargo, no parece probable que se vaya a llegar a esos extremos, ya que existe un consenso político bastante amplio sobre la necesidad de cumplir el programa de convergencia con la Unión Europea y de restablecer así la confianza de los mercados financieros, según recuerda el secretario de Administraciones Territoriales, Francisco Peña.

Las divergencias están más bien en los métodos, pero no en el objetivo: sanear la economía española para no quedar al margen de la decisión de adoptar una moneda única europea en 1997.

El papel de las autonomías es clave en el esfuerzo, ya que uno de los cuatro criterios de convergencia establece que el déficit del conjunto de las Administraciones públicas -Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos- no supere en esa fecha el 3% del PIB.

El cumplimiento de los otros tres criterios de convergencia -deuda pública, inflación y tipos de interés- depende directamente de si se consigue reducir el déficit y de que los mercados financieros confíen en ello. El esfuerzo que se plantea para el Estado es también considerable, ya que supone reducir a la mitad su déficit en relación al PIB (del 5% en 1994 al 2,5% en 1997). Tampoco en este caso se ha explicado cómo se va a conseguir.