Las reformas hacen temer un estallido social

J. J. A. La complejidad de los problemas de Brasil, que sufre una huelga general de imprevisibles consecuencias, guarda relación con sus proporciones. Todo es aún gigantesco: los habitantes en la miseria -31 millones-, las lacerantes desigualdades, el patrimonio nacional -incalculable-, las posibilidades de desarrollo, los avances tecnológicos. Y es también serio el peligro de rebeliones entre quienes se sienten directamente afectados por las re formas que Fernando Henrique Cardoso lleva adelante para tratar de equilibrar las rentas y las oportunidades de bienestar.

El presidente de la Central única de Trabajadores de Brasil (CUT), Vicente Paulo da Silva, no lo ve así, y ha advertido que una intervención militar contra la huelga de 45.000 trabajadores del sector petrolero, que desde hace 17 días paraliza las principales refinerías nacionales y amenaza el suministro de gasolina y gas, podría terminar como en 1988, año en que tropas del Ejército irrumpieron en la Compañía Siderúrgica Nacional causando la muerte de tres huelguistas. El paro, ampliado a otros 300.000 empleados de diferentes gremios según la CUT, no es simplemente una medida de fuerza por reivindicaciones, salariales, sino un alzamiento sindical en apoyo del monopolio estatal y contra las reformas constitucionales promovidas por el presidente Fernando Henrique Cardoso para poder abrir esos monopolios al capital extranjero.

Huelgas y proteccionismo

"Ni los empresarios de la década de los ochenta, en plena dictadura militar, actuaron así", acusó Da Silva al Ejecutivo, que rechaza la negociación con los portavoces de la huelga al haber sido declarada ¡legal por el Tribunal Superior del Trabajo. Exponente de las dificultades encontradas por el Gobierno en el cumplimiento de sus planes, la huelga es apoyada por cientos de miles de trabajadores que temen por cambios desfavorables en el sistema de seguridad social y por su puesto con las privatizaciones. También es vista con buenos ojos, veladamente, por los empresarios interesados en que Brasil continúe siendo uno de los países más proteccionistas de América Latina, para así conser var sus ventajas económicas. Los sindicalistas petroleros dijeron contar con la adhesión de ferroviarios, profesores y servidores de la red estatal de salud y seguridad social.

Cardoso, declaraba a este enviado que "esas huelgas son políticas. Y no lo digo para criticar. Es normal. Lo que está en juego es si el sindicato se impone, y ahora no solamente frente el Ejecutivo, sino frente a la justicia, ya que no están acatando decisiones de la justicia".

Una vez que se ha conseguido controlar la inflación, la reforma de la Carta Magna de 1988, que elevó a constitucionales disposiciones que normalmente debieron haber quedado en el ámbito de las leyes, ha sido la principal tarea del Gobierno establecido hace cuatro meses y medio. Para poder aplicar su política, Cardoso deberá liberarse de las equívocas trabas nacionalistas incorporadas al texto fundamental. El documento reserva para el Esta do la explotación, entre otros, del sector del petróleo y las comunicaciones, y limita drásticamente la entrada del capital exterior, reservando para las empresas nacionales la libertad de de operar en esos cotos.

Las expectativas despertadas entre las clase más humildes por el triunfo del sociólogo Cardoso en las elecciones generales del pasado año son muchas, y no siempre posibles, a juzgar por los datos, prespuestarios esgrimidos por el jefe de Estado. Piden un salario mínimo digno legiones que sobreviven indignamente, piden tierras y aperos quienes no los tienen, y, a lo largo del inmenso territorio nacional se suceden reclamaciones en educación y salud, que fueron desatendidas durante, generaciones.