Un juez de Madrid se hace cargo de las pesquisas sobre la red de falsificación de licencias del GATT

El juez titular del Juzgado de Instrucción 28 Madrid se ha hecho cargo de la comisión rogatoria enviada a España por un juez italiano para que investigue si funcionarios del Ministerio de Comercio español están detrás de una red dedicada a falsificar licencias falsas del GATT, según fuentes jurídicas. El magistrado italiano, Maximo Terrile, solicita también a su colega español que investigue la cuenta corriente de una empresa radicada en Madrid que, según sus sopechas, fue constituida como tapadera de esta trama. También le pide que interrogue a tres empresarios cárnicos españoles y a un notario.

El notario cuya declaración demanda el juez Terrile tiene su despacho en Madrid y fue quien formalizó la constitución de la empresa supuestamente utilizada como tapadera. En relación con esta red, el juez Terrile ordenó en su país la detención de tres personas: dos italianos y un ciudadano argentino. Este último -que responde a las iniciales de Jorge E. C. G.- es cuñado del dueño de la citada empresa tapadera, según los citados medios.El Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia el Congreso del ministro de Comercio y Turismo, Javier Gómez-Navarro, para que informe al respecto. De momento su ministerio admitió ayer que, nada más tener conocimiento en agosto de 1993 de que de estaban vendiendo en distintos países europeos falsas licencias de GATT procedentes de España, abrió una investigación interna. Según el ministerio, las pesquisas desarrolladas hasta el momento (la investigación no ha concluido aún) no implican a ningún. funcionario. Las sospechas apuntan a que detrás de esta trama puede haber operadores privados vinculados a industrias cárnicas, "pero no funcionarios". El ministerio basa estas sospechas en "lo burdas" que eran las falsificaciones de GATT descubiertas en Holanda y Reino Unido.

Aunque el asunto está en fase de investigación, el juez Terrile no opina lo mismo. De hecho, dispone de cintas grabadas de conversaciones telefónicas en las que salen a relucir como implicados tres funcionarios (alguno ya jubilado) del Ministerio de Comercio español. Por eso, ha pedido a su colega español que indague las cuentas corrientes de la empresa madrileña que supuestamente actuó como tapadera. Sospecha el juez italiano que detrás de algunos movimientos bancarios puede aparecer algún funcionario de Comercio.

Carmen Timermans, subdirectora general de Comercio Ex terior, también expresó ayer su convencimiento de no hay funcionarios implicados, sino operadores privados de la industria cárnica. No obstante, subrayó que, en caso de que las investigaciones demuestren que sí lo hay, el ministerio actuaría contra él con absoluta contundencia.

Timermans aseguró que nada más detectarse las falsificaciones se informó a la Unión Europea y se tomaron medidas en todas las aduanas comunitarias. A estas alturas (el fraude fue detectado durante los años 1993 y 1994) es difícil evitar un arancel comunitario con una licencia fraudulenta, opinó. "En todo caso, se podría pedir responsabilidad por negligencia al funcionario de la aduana; pues todos están advertidos", señaló Timermans.

Fraude

El juez italiano evalúa en unos 600 millones de pesetas el dinero que ha dejado de ingresar la UE merced a las licencias de GATT españolas falsas. Estas licencias permiten a las empresas cárnicas europeas importar carne bovina de países no comunitarios sin que el producto importado tenga que pagar el arancel. El régimen de importación de carne vacuno en la Unión Europea se enmarca en un sistema de libertad comercial, pero sujeto al pago de un derecho arancelario del 20% y de una exacción reguladora variable que se sitúa alrededor de las 600 pesetas por cada kilogramos de carne congelada. La UE abre cada año un contingente de carne vacuno congelada -llamado Contingente GATT- para 53.000 toneladas sin exacción. De ese contingente, a España le corresponde 1.000 toneladas.