Pan para hoy...

El titular con el que desayunábamos el pasado 28 de abril era tan anunciado como no deseado: El Consejo de Ministros aprueba la privatización del 12% de Telefónica. El objetivo a corto: recaudar 180.000 millones de pesetas con los que reducir el déficit público. El objetivo final: privatizar el resto antes de 1998 y desmantelar "aún mucho más" el servicio público.Basta haber aprobado el primer curso de matemáticas financieras para definir la equivalencia financiera: el valor actual de la renta que produciría la participación estatal en Telefónica durante los próximos cinco años equivale a los ingresos que el Estado recaudaría con la venta directa, o, lo que es lo mismo, que los 180.000 millones que se embolsará el Estado los podría conseguir en tan sólo cinco años con los beneficios que le hubiera reportado Telefónica, aunque, de esta forma, sin privatizar una sola acción. Con razón los analistas hablan de esta operación como el más claro ejemplo del pan para hoy y hambre para mañana.

De ahí que el primer error haya sido maladministrar los fondos públicos obtenidos con parte de nuestras rentas. No contentos con ello venden también el propio concepto de servicio público: el uso del teléfono, en nuestros días, ha pasado a engrosar, junto al derecho a otras infraestructuras públicas, parte de la bolsa de servicios sociales que un Estado debe ofrecer; esto significa que el Gobierno, además de malvender nuestro patrimonio, ha debilitado nuestro patrimonio social. Para más inri, nos ha vuelto a obligar a trasvasar rentas del sector trabajador al empresarial, bajo el conocido ciclo de que los beneficios que antes generaba Telefónica para el Estado revertirán exclusivamente en el sector privado.

El efecto que se desea paliar con esta rapiña es el de sanear el estado termitoso de las arcas del Estado, debido principalmente a la infinidad de brechas, boquetes, agujeros y huecos por donde resbalan fondos sin nombre, para pagar bandas terroristas y parapoliciales, para remunerar obras faraónicas, o simplemente fondos para apoquinar gratificaciones, sobresueldos, comisiones o sobornos a altos cargos del Ministerio del Interior.-