El derecho al disparate

El derecho al disparate es el primero de los derechos fundamentales y la premisa de todos los demás. Si hay algo que caracteriza esencialmente a la democracia es el derecho a decir disparates.Ahora bien, el que se tenga ese derecho no quiere decir que lo que se dice no sea un disparate, pues una opinión no deja de ser disparatada porque se tenga derecha formularla. La democracia garantiza el derecho al disparate porque sabe que su supresión es un disparate todavía mayor, no porque el disparate "democrático" del de ser un disparate.

Se trata de un derecho del que se hace un ejercicio constante en todas las democracias. No es difícil, en consecuencia, identificar manifestaciones del mismo. Pero hay veces en que el disparate, por venir de quien viene por afectar al núcleo esencial del sistema democrático adquiere una dimensión especial.

Me refiero, concretamente, al último artículo de Ignacio Sotelo en este periódico, en el que afirmaba tajantemente que el Gobierno de la nación carece de "legitimidad de ejercicio".

Cuando lo leí, no salía de mi asombro. La legitimida tanto de origen como de ejercicio del Gobierno ha sido una de las cuestiones que ha atravesado la historia política española desde 1808 sin que hayamos sido cap4cc de encontrar hasta 1978 una solución satisfactoria. Est es la razón de que en el último proceso constituyente le hayamos dado una respuesta radicalmente distinta al que se le dió en el pasado-, tanto en el Estado monárquico como en el republicano. Y se le ha dado una respuesta distinta de manera deliberada, consciente.

En efecto, desde un punto de vista institucional, el hecho diferencial de la historia española respecto de la europea ha sido o la exclusión del protagonismo parlamentario en la definición de la legitimidad del Gobierno cómo ocurrió en la Monarquía, o la concurrencia con el parlamentario del protagonismo del presidente de la República, como ocurrió con la Constitución de 1931. Ése ha sido un elemento clave en el envenenamiento de la vida política española de los dos últimos siglos.

Con esto es con lo que ha pretendido acabar radica mente el constituyente de 1978. Por eso ha cambiado la denominación y la ubicación del Título dedicado a la Jefatura de] Estado respecto de las constituciones monárquicas y la ordenación del Gobierno respecto de la republicana. Por eso ha atribuido al Congreso de los Diputados el monopolio en la definición de la legitimidad d origen y de ejercicio del Gobierno.

Este monopolio es el que convierte al Gobierno e Gobierno de la Nación. Y, aunque parezca increíble, el Gobierno de España no ha sido nunca constitucional mente el Gobierno de la Nación en nuestra historia antes de 1978. Ni siquiera en la II República. El protagonismo democrático de la sociedad española, que se ex presa a través del Congreso de los Diputados y que legítima a través de él en su origen (Título IV) y en su ejercicio (Título V) al Gobierno, que por eso es de la Nació Española, es una conquista de nuestro último proceso constituyente.

Casi dos siglos nos ha costado llegar hasta aquí en el camino nos hemos dejado lo que nos hemos dejado.

Por lo visto, todo esto no vale para nada. Hay que volver a un sistema de valoración extraparlamentaria de la legitimidad del Gobierno.

Como ejercicio del derecho al disparate, no está mal.