El Supremo de Nicaragua permite a Chamorro reformar la Constitución

La presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro, acosada por el Parlamento y presionada por la Iglesia católica, alcanzó el lunes una victoria política tras el fallo judicial que le otorga la facultad exclusiva de promulgar las reformas a la Constitución.La sentencia de la Corte Suprema de Justicia invalida las enmiendas ' aprobadas por la Asamblea Nacional el 24 de febrero pasado. El fallo favorece la posición del Ejecutivo, que se había negado a reconocer los cambios fundamentales a la Carta Magna de 1987.

Desde el 24 de febrero, Nicaragua se regía por dos Constituciones. La de 1987, acatada por el Gobierno, y las enmiendas, sólo reconocidas por el poder legislativo, lo que ha derivado en un interminable enfrentamiento entre ambos poderes.

El trasfondo político es, según los legisladores opositores a Violeta Chamorro, las restricciones a los candidatos a la presidencia en las elecciones de 1996, impuestas por las enmiendas aprobadas por la Asamblea Nacional, que impedían al actual ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, aspirar a la primera magistratura por su parentesco político con la actual mandataria nicaragüense.

Rechazo del Parlamento

El fallo judicial; que dejó en precaria situación al Parlamento y a los partidos que defienden las enmiendas, fue rechazado por la Asamblea Nacional. El titular del poder legislativo, Luis Umberto Guzmán, dijo el lunes que no aceptan el fallo judicial emitido por una Corte Suprema incompleta y que sólo la aceptarán cuando esté conformada por 12 magistrados, según las disposiciones establecidas en las enmiendas. "La Asamblea Nacional no acatará un fallo emitido por un grupo de magistrados que asumieron una posición insostenible y contradictoria", señaló Guzmán, quien agregó que "no podemos aceptar que se anule el funcionamiento de este poder del Estado".

Dirigentes de 16 partidos políticos opositores, a excepción del sector radical del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), declararon el lunes que, en caso de ganar cualquiera de ellos los comicios de 1996, desconocerán los tratados internacionales que en materia económica suscriba en el futuro el actual Gobierno, si éste no reconoce los cambios a la Carta Magna.

Otras medidas de boicoteo que estudian los legisladores de la oposición es llamar a la ciudadanía a la "desobediencia civil" y no acatar el incremento de impuestos en las tarifas de servicios públicos.

Mientras se agrava la crisis institucional crece la preocupación de que el Ejército abandone su neutralidad y se involucre en una supuesta acción de fuerza contra el Parlamento. En este sentido, el líder sandinista del Movimiento de Renovación, Sergio Ramírez, llamó a los mandos de las Fuerzas Armadas a continuar, como hasta ahora, al margen de la crisis.