African Rights critica la labor de derechos humanos de la ONU en Ruanda

"Una pérdida de tiempo, energía y dinero. Pero lo peor de todo, una pérdida de esperanza". Así resume la organización de defensa de los derechos humanos African Rights el trabajo realizado por el recién creado Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que se estrenó como tal en Ruanda. Lo malo es que son palabras de un miembro del ACNUDH. El Gobierno de Kigali anunció ayer que una comisión internacional investigará la matanza en el campo de Kibeho.

African Rights considera que, en vez de investigar las matanzas que entre abril y julio de 1994 acabaron con la vida de casi un millón de personas (en su mayor parte tutsis y hutus moderados) y entregar a la justicia a los instigadores de la limpieza étnica, el Alto Comisionado se dedica a "prestar protección a aquellos acusados de tomar parte en el genocidio" y a "poner trabas a la propia investigación gubernamental". Amnistía Internacional ha hecho hincapié repetidas veces en que la impunidad con que se cometen matanzas en Ruanda y Burundi está en la raíz de la tragedia de las dos ex colonias belgas.African Rights señala en su informe que muchos de los observadores del Alto Comisionado son jóvenes e inexpertos, enviados a Ruanda -como algunos de ellos reconocen- sin preparación previa ni entrenamiento, obsesionados con tareas de "patrulla" y adoptando en ocasiones "un agresivo estilo paramilitar".Por contra, las fuerzas especialmente destinadas por la ONU a la protección de civiles han sido incapaces de cumplir su misión. El pasado fin de semana, cascos azules de Zambia y Australia asistieron impasibles a la matanza de al menos 2.000 personas en el campo de Kibeho, al suroeste de Ruanda, provocada por tropas del Ejército ruandés. En abril de 1994, cuando comenzó el genocidio, el Consejo de Seguridad decidió retirar parte de sus efectivos, y las tropas que se quedaron no hicieron nada para detener los crímenes masivos ante sus ojos.El Gobierno de Kigali anunció ayer la creación de una comisión internacional que investigue lo ocurrido en Kibeho, donde todavía quedan unos 1.900 desplazados. Las autoridades ruandesas aseguran que los extremistas hutus responsables de las matanzas del año pasado se esconden entre los inocentes para evitar comparecer ante la justicia.

Ayer, el Parlamento de Zaire pidió al Gobierno que expulse al más de millón de refugiados hutus instalados al este del país. Una comisión parlamentaria llegó a la conclusión de que los campos de refugiados están bajo control de los radicales hutus, que impiden a los que lo desean volver a Ruanda al tiempo que se entrenan militarmente para regresar con las armas en la mano. Las organizaciones humanitarias y la ONU expresaron ayer su oposición y su temor a que las autoridades zaireñas lleven a cabo la expulsión.