CiU y el PNV apoyarán el proyecto de ley sobre gobierno de los centros

El Pleno del Congreso rechazó ayer las enmiendas del PP y de IU-IC a la totalidad del proyecto de ley de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros. Mientras los sindicatos de laenseñanza pública reiteraban su rechazo al proyecto, la Cámara decidió seguir adelante con su tramitación. CiU y PNV anticiparon su apoyo a la nueva norma, que fue defendida por el ministro de Educación, Gustavo Suárez Pertierra.

El apoyo de los grupos catalán y vasco augura a la nueva ley educativa la mayoría absoluta necesaria para su aprobación, dado su carácter de norma orgánica. Los portavoces de CIU y del PNV coinciden tanto en su apoyo global al proyecto como en las objeciones a determinados aspectos relacionados con las competencias de las comunidades autónomas. Ambos grupos parlamentarios esperan que tales objeciones puedan ser solventadas en la fase de enmiendas al articulado.Las dos fuerzas nacionalistas ven en el proyecto de ley del Gobierno una oportunidad para mejorar el insuficiente" acuerdo político que en su día permitió la aprobación de la la LODE y la LOGSE a las que aquél se vincula. El portavoz de CiU, Josep López de Lerma, trazó una línea de claro progreso en el consenso de su grupo con el del Gobierno en relación con las tres leyes.

Justamente en la perspectiva contraria se sitúa IU-lC, cuyo portavoz, Franco González, subrayó la fractura que esta ley abre en el acuerdo político que permitió a su grupo apoyar, aunque fuera críticamente, la aprobación de la LOGSE. En opinión del diputado de IU, la nueva ley, que "no es la que necesitaría el sistema educativo en estos momentos", no sólo no ahonda en los aspectos mas progresistas de las anteriores leyes de educación socialistas, sino que: camina en dirección opuesta.

Jerarquización

Franco González cree que va a empeorar los objetivos reformadores de la LOGSE y que contribuirá a jerarquizar y burocratizar la gestión de los centros. Añadió que puede originar más problemas que soluciones si llega a ser aprobado con el rechazo absoluto que hasta ahora han manifestado todos los sindicatos de la enseñanza pública, que el pasado miércoles pidieron, una vez más, su retirada.

Por su parte, el diputado del PP Andrés Ollero propuso la devolución al Gobierno de un proyecto en el que advierte un intento de consolidar el "territorio ocupado". Su sospecha se basa en que la nueva regulación de la función inspectora (en su opinión, una resurreción del cuerpo de inspectores que el propio Gobierno socialista "desmantelo") servirá para perpetuar en sus cargos a quienes accedieron a ellos por designación. La misma maniobra atribuye a la ampliación del mandato de los directores de los centros y a las normas para el acceso a ese cargo.

El ministro Suárez Pertierra dijo que la nueva ley contribuirá a la mejora de la calidad de la enseñanza pública, al ampliar la autonomía de gestión y la profesionalización de los equipos directivos. Explicó que permitirá a las familias elegir el colegio para sus hijos con un mayor conocimiento de causa porque, entre otras cosas, obliga a los equipos directivos a elaborar y publicar su peculiar proyecto educativo.