Si era sólo cosa de leyes...

SI ACABAR con la corrupción política fuera sólo cuestión de leyes, podríamos estar tranquilos. El Congreso aprobó ayer tres normas pata regular varias zonas de la vida política en las que más ha florecido la corrupción en los últimos años: el de los contratos de obras con las administraciones públicas, el de los fondos reservados y el de las incompatibilidades de los altos cargos políticos e institucionales.Pero sería tan ingenuo pensar que la corrupción surgió por falta de leyes -ningún país tenía tantas sobre la materia como la Italia de los años ochenta- como que su mera existencia vaya a poner coto ahora a las tentaciones de desvío de poder o apropiación de dinero público. De poco sirven las leyes anticorrupción si los políticos que dirigen las distintas administraciones no consideran que su deber es impedir y en su caso denunciar a los corruptos, con independencia de las coartadas morales con que se protejan. El caso del Ministerio del Interior, en el que algunas personas se consideraron moralmente autorizadas a concederse un seguro de retiro en premio a sus desvelos, está demasiado cercano como para olvidar la capacidad de autodisculpa del ser humano. El respeto por lo público es ante todo una cuestión de cultura política y pautas de comportamiento. Y tiene que ver con el prestigio de la Administración, incompatible con actitudes de ocupación o utilización sectaria de la Administración.

Pero es cierto que el Estado necesitade un sistema legal de autodefensa contra saqueadores y logreros. Los socialistas, sin duda para exorcizar un pasado muy presente, han intentado acreditar con estas leyes la sinceridad de su empeño en poner punto final a las prácticas corruptas que hoy conocemos. Bien está. Pero estas leyes, más allá de su función simbólica, deben ser, ante todo, eficaces.

De momento son necesarias. La impunidad con la que durante años Luis Roldán pudo manejar en provecho propio el presupuesto para obras (le la Guardia Civil da una idea del coladero en que se había convertido el sistema de Contratación de obra, pública que ahora se quiere corregir. Y sin necesidad de esperar a que los tribunales dictaminen, ya se sabe que los fondos reservados fueron utilizados para pagar sobresueldos e indemnizaciones preventivas a altos cargos de Interior, y que fueron arbitrariamente engordados con partidas presupuestarias ordinarias, sin ningún control parlamentario. La nueva ley muestra que este control es posible y que era una falacia contraponerlo a la naturaleza secreta del uso de tales fondos.

El caso Rubio demuestra, por su parte, que la abundante legislación en materia de incompatibilidades no impedía esa mezcla de lo público y lo privado que es la madre de todas las corrupciones. La nueva normativa pone el acento en la transparencia y publicidad de las actividades e intereses patrimoniales de los altos cargos antes que en el establecimiento de nuevas trabas que pudieran ahuyentar de la función pública a personas con aptitudes y vocación para ello. La experiencia enseña que es mejor un sistema capaz de detectar irregularidades que otro prohibitivo a ultranza en el papel, pero difícilmente aplicable en la práctica.

Las nuevas leyes no son, pues, superfluas en su intento de clarificar y controlar mejor que hasta ahora las relaciones entre lo público y lo privado). Y políticamente eran indispensables. Pero la hora de la verdad empieza ahora: cuando hay que cumplirlas. Porque muchoscorruptos y corruptores no se dejarán intimidar. Y muchos son también los que piensan que hecha, la ley, hecha la trampa.