El presidente del Tribunal de Cuentas será informado sobre los fondos reservados

El Pleno del Senado aprobó ayer por unanimidad el proyecto de ley de los fondos reservados tras introducir en el texto la potestad de la comisión parlamentaria que controlará estas partidas de presentar anualmente un informe al presidente del Tribunal de Cuentas.Esta modificación es fruto de un enmienda transaccional suscrita por todos los grupos a la propuesta por el PP, que pretendía dotar de carácter obligatorio la presentación del citado informe y no restringía al presidente del Tribunal la posibilidad de conocerlo.

El ponente socialista, Alfonso Garrido, calificó la ley de "necesaria y oportuna", pero advirtió que "nace en un momento especial donde los acontecimientos no pueden hipotecar a los legisladores sobre lo que deben ser los fondos, cómo es su blindaje, quiénes los usan y cómo se controlan".

Esperamos que la ley entierre la polémica, pero no es un bálsamo de nada", añadió Garrido, quien lamentó que en la polémica sobre el uso de los fondos se sigan a veces los editoriales de algunos medios de comunicación.

A los periodistas se refirió también el portavoz socialista al subrayar que parece que los profesionales de los medios de comunicación sí pueden guardar el secreto de sus fuentes y los funcionarios no pueden hacerlo.

"Si sacrosanto es un secreto, tanto lo es el otro", dijo Garrido, para quien son falsas las acusaciones de que desde el Gobierno se ponen obstáculos al poder judicial para investigar el uso de los fondos.

No es una amnistía

El portavoz del PP para este proyecto de ley, Esteban Gómez Pons, destacó el hecho de que, tras la introducción de la enmienda relativa a la información al Tribunal de Cuentas, "éste sea el texto de todos los grupos".

Gómez Pons insistió en que ésta no puede ser una ley de amnistía y añadió que "no olvida" las irregularidades que se hayan podido cometer en el uso de los fondos. "Esperamos", continuó, "que a partir de ahora se destinen siempre a su fin y que nunca más el Estado tenga razones que la razón no comprenda".

Vicent Beguer, senador de CiU, expresó su confianza en que se cumpla el espíritu de la ley y su satisfacción por el consenso conseguido. A su vez, Ricardo Sanz, representante del PNV destacó que el texto no supone una merma en la capacidad normativa de otras administraciones.

Inmaculada de Boneta, de Eusko Alkartasuna, defendió varias enmiendas con las que pretendía un mayor control parlamentario de los fondos, y Álvaro Martínez, de IU, abogó por mayores garantías para que el carácter secreto de los fondos no interfiriese en posibles investigaciones judiciales.

Debido a las modificaciones introducidas, el proyecto deberá volver al Pleno del Congreso para su ratificación y posterior publicación en el BOE.