Alcalá investiga las imputaciones de corrupción de los subasteros

Los grupos políticos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (166.000 habitantes) PSOE, IU y PP acordaron ayer, a propuesta de este último, crear una comisión de investigación que aclare la imputación de un presunto intento de soborno a concejales socialistas de Alcalá que se hizo durante el macrojuicio de los subasteros (veáse EL PAÍS del 3 de abril de 1995). En una cinta intervenida por la policía el 28 de julio de 1986 se escuchaba una conversación telefónica entre dos subasteros en la que se apunta que se entregaría dinero a cambio de la recalificación de terrenos para poder hacer un centro comercial "tipo Vaguada".

Tras conocer la información publicada por EL PAÍS, el equipo de gobierno socialista del municipio decidió "tomar la iniciativa" y convocó ayer de manera urgente a los miembros de la comisión de planeamiento. El objetivo era que ésta estudiase los expedientes relativos a la construcción de cuatro zonas comerciales de Alcalá que pudieran verse implicadas en las presuntas irregularidades a las que se refieren los subasteros.

Izquierda Unida, con el apoyo del PP, logró, sin embargo, imponer la idea de que era necesario crear directamente una comisión de investigación.

La conversación de la polémica es la que mantuvieron los subasteros Ernesto García, para quien el fiscal pide nueve años de prisión, y Jesús Gómez, en la que hablan de pagar 10 millones de pesetas a un edil de Alcalá de Henares por recalificar terrenos.

En 1986, el PSOE gobernaba el municipio con el PCE. El responsable de Urbanismo era José Luis Herrero, quien no ha podido ser localizado por su compañero de partido y actual concejal Crescencio Vicente, según éste, para hablar sobre el tema.

Del escaño al centro comercial

Teodoro Escribano, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alcalá desde 1987 hasta 1991, pasó a ocupar un alto cargo en el centro comercial La Dehesa, cuya gestación coincide con las fechas aportadas por los subasteros, nada más abandonar su cargo. Las sospechas de los concejales de IU apuntan a este centro comercial, donde se produjo "una clara recalificación de terrenos" como el principal objetivo de la investigación.

Crescencio Vicente asegura, por su parte, que en La Dehesa sólo se produjo "un cambio de uso en el suelo según lo previsto en las normas urbanísticas. Además contó con las bendiciones de la Comunidad de Madrid", apostilló el edil de Alcalá de Henares, quien insistió en que el PSOE tiene la intención de "clarificar cualquier situación atípica que pudiera haberse producido". Para ello ha enviado al fiscal una fotocopia del artículo publicado por EL PAÍS para que actúe judicial o penalmente sobre el tema silo considera oportuno.